Morena va por despenalizar el aborto en el país

Presenta iniciativas de reformas a Código Penal y Ley de Salud; busca garantizar derechos sexuales y reproductivos de mexicanas
Morena va por despenalizar el aborto en el país
La propuesta de Morena penaliza a quien obligue a una mujer a abortar y se sanciona con suspensión del ejercicio profesional si es médico. ARCHIVO EL UNIVERSAL
01/10/2019
03:24
Carina García
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Morena va por despenalizar en todo el país la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las mexicanas, por lo que presentó ayer las iniciativas de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud que impulsará en la Cámara de Diputados.

La propuesta, además de homologar en todo el país el derecho a la interrupción legal del embarazo hasta antes de las 12 semanas de gestación, penaliza a quien obligue a una mujer a interrumpir su embarazo y se sanciona con suspensión del ejercicio profesional si el responsable de esa conducta es médico o enfermera.

Además se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de médicos y enfermeras, pero se obliga a garantizar que el Sistema Nacional de Salud (SNS) cuente siempre con personal que no sea objetor y realice los procedimientos en todo momento.

La iniciativa llamada Reforma a la Ley General de Salud en materia de Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, sin embargo, fue planteada como propuesta integral, pues incorpora no sólo el derecho a la interrupción legal del embarazo, sino un nuevo concepto: “autonomía reproductiva de las mujeres”.

Este consiste en el ejercicio pleno de los derechos sexuales a través de asesoramiento, acompañamiento, finalización de los tratamientos y la obligación del Estado a operar políticas públicas con ese fin.

Los cambios. Las propuestas contemplan cambios en cuatro artículos del Código Penal Federal, la derogación de dos en los que se penalizaba el aborto, además de adiciones a la Ley General de Salud para reconocer y garantizar los derechos sexuales.

Se propone que el personal médico y de enfermería del SNS pueda ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en una interrupción de embarazo, pero las instituciones deberán contar con personal no objetor de conciencia.

Sin embargo, a quien haga abortar a una mujer sin su consentimiento se le aplicará una pena de tres a seis años de prisión, y si hay violencia física o moral, de seis a ocho años de prisión. Al personal médico que provoque un aborto sin consentimiento, además de esas sanciones, se le suspenderá de dos a cinco años en su profesión.

A la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro le haga abortar después de las 12 semanas de embarazo, se le impondrán de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo comunitario, y sólo se castigará si el aborto se consumó. Esa misma pena se impondrá a quien después de las 12 semanas haga abortar a una mujer con consentimiento de ésta.

Necesidad nacional, según Morena. Además, se incluye, en artículos transitorios, el exhorto para que las legislaturas estatales armonicen sus normas conforme a los cambios a nivel federal, pues en los foros en la materia realizados en 20 entidades en la llamada “gira de la decisión”, preparatoria de esas iniciativas, se detectó que esas reformas son una necesidad en todo el país.

Lo son, expuso la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga, porque hay entidades donde abortar se castiga con penas de 15 días hasta 6 años de prisión y multas de 20 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Otros estados lo castigan con trabajo en favor de la comunidad, tratamiento médico o sicológico e incluso reparación de daño.

La diputada Rocío Villarauz Martínez expuso que en la Ciudad de México, de los 214 mil 165 casos de interrupción del embarazo que ha habido, 149 mil 74 eran de mujeres residentes en esta ciudad, pero 65 mil 91 vinieron de otros estados por la falta de condiciones de salubridad en sus localidades.

“Esto deja claro la necesidad de garantizar el acceso a servicios de salud para una interrupción del embarazo legal y segura.

“Este es un problema de justicia social y de mujeres pobres, porque las ricas pueden recurrir a la seguridad privada, así que cuando una mujer decida interrumpir su embarazo, el Estado debe garantizar su derecho a la salud”, dijo la legisladora morenista Claudia Pérez.

Sin embargo, recordó que la interrupción del embarazo “no es método anticonceptivo ni método de planificación familiar” .

La titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, también destacó la urgencia de las enmiendas ante cifras alarmantes, como las del Consejo Nacional de Población (Conapo), el cual indica que en 2016, todos los días, 32 niñas se volvieron madres.

Es decir, 11 mil 808 niñas de 10 años a 14 años abortaron, pues sus embarazos fueron por violencia sexual y “como Estado tenemos la obligación de garantizar los derechos sexuales y reproductivos”.

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