El 28 de agosto del 2025, la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevó a cabo un acto de disculpa pública tras el caso de abuso sexual cometido en agravio de 17 menores de edad en el Jardín de Niños "Marcelino de Champagnat", ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, por parte del asistente técnico pedagógico, Ramón Morales Jacobo, condenado a 494 años y nueve meses de prisión.
A raíz del hecho, la institución a cargo de Mario Delgado Carrillo estableció a nivel nacional la "Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil", bajo el lema "Te veo, te creo y te cuido", designada a realizarse cada 8 de septiembre en educación básica. Este año, de acuerdo con el Calendario Escolar 2026-2027, la segunda edición titulada "Te escucho, te comprendo, te protejo", se realizará el próximo lunes 7 de septiembre.
Durante la jornada del año pasado, el titular de la SEP señaló que más del 16 por ciento de niñas y niños de 10 a 13 años reconocen haber vivido abuso sexual, mientras que entre adolescentes de 14 a 17 años la cifra alcanza casi el 38 por ciento. Añadió que cuatro de cada 10 delitos sexuales tienen como víctimas a menores de edad, por lo que enfatizó en la necesidad de "fortalecer las medidas de prevención y protección".
Para Fabiola Monterrubio, víctima indirecta del caso, implementar medidas de prevención en las escuelas es de vital importancia, pues considera que el futuro está en manos de niñas y niños, quienes, llegado el momento, tendrán la responsabilidad de continuar impulsando cambios en favor de la sociedad.
Pese a que reconoce la disculpa pública de la SEP —derivada de una sentencia judicial— y los compromisos planteados, sigue identificando algunas problemáticas, tales como la "capacitación" y el "monitoreo" de la Jornada de Concientización. Menciona que no hay una formación dirigida hacia el personal docente a nivel nacional y ningún informe público y completo por parte de la Secretaría que garantice que efectivamente se esté llevando a cabo en cada escuela del país.
El pasado 8 de septiembre de 2025, la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) dio a conocer que representantes de la dependencia acudieron a diversos planteles para dar seguimiento a las acciones de prevención. Sin embargo, el boletín proporcionado contempló únicamente siete instituciones: el Jardín de Niños "Tlahuizcalli", en Coyoacán; la Secundaria Técnica 25 "Manuel Cerna Castelazo", en Iztapalapa; la Secundaria Anexa a la Normal Superior, en Cuauhtémoc; y las primarias "Afganistán", en Iztacalco; "Genaro García", en Iztapalapa; "Profr. Abel Ortega Flores", en Tlalpan, y "Protasio Tagle", en Coyoacán.
Monterrubio destaca que, para algunas escuelas, la jornada continúa siendo únicamente una "indicación judicial", situación que puede impedir que se lleve a cabo o que, en caso de implementarse, se haga de manera adecuada y con la importancia que merece. En este sentido, hace un llamado a los padres de familia, a quienes exhorta a apoyarse en las mesas directivas de los colegios, pues estas deben contar con una comisión de apoyo desde la cual pueden exigir la implementación de la jornada de concientización o, en su caso, solicitar un registro que dé cuenta de su realización.
Aunque la SEP cuenta con material en sus páginas oficiales para aplicar las jornadas, Fabiola suma a las estrategias de prevención el programa "Escuelas Blindadas", que ella lleva a cabo como voluntaria de la Fundación Internacional Granito de Arena, una asociación civil con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El programa consiste en talleres de prevención de la violencia sexual infantil dirigidos a tres sectores de la comunidad escolar: docentes y personal escolar; madres, padres y cuidadores de niñas, niños y/o adolescentes; y alumnado. La información para cada grupo se brinda de acuerdo con su edad y etapa de desarrollo.
Asimismo, destaca la iniciativa "Escuelas Transparentes" de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) —que ha brindado asesoría jurídica a padres y víctimas del caso hasta la fecha— cuyo objetivo consiste en eliminar espacios ocultos en los planteles educativos y transparentar la contratación del personal, con el fin de prevenir la violencia sexual infantil.
Cabe señalar que, aunado a la disculpa pública, la SEP tiene la obligación de cumplir con tres medidas de reparación: una política pública de espacios escolares seguros, becas completas para las niñeces sobrevivientes y un programa de regularización académica. Sin embargo, en su más reciente comunicado, la ODI, que también da seguimiento al actuar de la dependencia, señala que la primera indicación sigue sin concretarse, apuntando que el problema radica en que "nadie vigila que se cumpla".
Además, añade que la lista de las instituciones tanto públicas como privadas con espacios de riesgo sigue incrementándose y que se siguen detectando agresiones sexuales en casas habitación, baños y bodegas sin visibilidad, por lo que urge a las autoridades a diseñar e implementar un plan que permita a cada escuela identificar sus espacios de riesgo, así como designar al personal para vigilancia y supervisión.
En la búsqueda de herramientas para prevenir y combatir la violencia sexual infantil, Fabiola propone que "en la medida de las posibilidades de cada escuela" tengan un registro de la plantilla escolar con sus antecedentes laborales, de tal forma que los tutores puedan conocer quiénes están al cuidado y la enseñanza de sus hijos e hijas, considerando que, el principal agresor de los menores del "Marcelino de Champagnat" tenía años laborando dentro del sistema educativo y desempeñándose en distintos preescolares de la zona.
En este sentido, resalta que uno de los compromisos abordados con Mario Delgado fue crear un registro nacional de agresores sexuales; sin embargo, no se ha materializado. "Eso solo lo pueden hacer las autoridades porque tienen el alcance, tienen la jerarquía, tienen los medios, tienen todas las herramientas para poder hacerlo. No sé por qué no lo hagan", apunta.
Fabiola se solidariza con los padres de familia que han sido víctimas indirectas de esta problemática y pese a que por experiencia propia entiende que la situación es compleja, les pide alzar la voz ante cualquier alerta o caso de agresión infantil.
Subraya que, en el caso del Kínder "Marcelino de Champagnat", el primer padre de familia en saber del abuso cometido contra su menor fue instado por las autoridades del plantel a no denunciar, con el fin de seguir encubriendo al agresor y a ellas mismas, quienes, de acuerdo con testimonios de los menores, también cometían actos de violencia.
Al respecto, explica que el juicio del caso sigue abierto. Si bien agradece la sentencia del juez contra el principal agresor, indica que otro de los objetivos legales es que las maestras y la directora, quienes durante estos años han recurrido a amparos, sean vinculadas a proceso por su presunta complicidad y participación en la violencia generada hacia los menores.
"Esperemos que ahora sí aparezca la justicia que tuvo que haber llegado desde ese momento, hay niños que las están acusando, es impresionante que hayan pasado tantos años sin ser encarceladas. Ya está todo demostrado, ¿qué más quieren?, ¿por qué no se soluciona?, ojalá que todo esto salga a flote…", dice.
En materia de prevención y en el marco del ciclo escolar 2026-2027, la ODI emite los siguientes consejos para las personas cuidadoras:
• Conocer los criterios de espacios seguros que contribuyen a prevenir la violencia sexual infantil en las escuelas y colegios.
• Solicitar recorridos de seguridad para conocer las instalaciones de la escuela.
• Preguntar por los espacios que no son utilizados por el alumnado: ¿quién los usa y cuáles son sus medidas de seguridad?
• Conocer el sistema de seguridad de la escuela: si hay registros de personal, ubicación de cámaras, formas de vigilancia, duración de grabaciones.
• Conocer los espacios de los sanitarios del alumnado, verificar que no haya espacios ocultos y que los baños del personal se ubiquen en espacios distintos a los que usan los niños y niñas.
• Preguntar por los protocolos que tiene la escuela y cómo cumple con los estipulados por la SEP, así como las instituciones que supervisan a la escuela y pedir los resultados de sus evaluaciones.
A su vez, Monterrubio comparte tres formas de cuidado que ella emplea: platicar con los hijos e hijas todos los días sobre sus actividades escolares, preguntar en la dirección escolar si cuentan con un protocolo de atención y acción en caso de violencia sexual infantil y realizar un recorrido por el centro educativo —al cual tienen derecho— y detectar las posibles zonas de riesgo.
Insta a los padres de familia a comprometerse con la prevención de la violencia sexual infantil, de manera que entre todos busquen mejorar la calidad de vida de sus hijos e hijas y de las futuras generaciones, con el fin de "dejarles un mejor lugar que habitar".
Entre las peticiones de Fabiola y de las familias es que, durante las próximas Jornadas de Concientización, la SEP enfatice y explique que la implementación de esta medida de prevención surgió a raíz de una sentencia judicial, no de un mérito propio de la institución; sin embargo, comenta que "a ellos no les conviene aceptar la responsabilidad ante la sociedad civil, pero es algo que tiene que hacer, porque pasó y sigue pasando", concluye.