Investiga FGR a titular del Conacyt por desacato judicial

Durante meses el consejo, a cargo de María Elena Álvarez-Buylla, no entregó recursos al foro consultivo, pese al mandato de un juzgado; determina dar vista al Ministerio Público de la Federación

Investiga FGR a titular del Conacyt por desacato judicial
Nación 27/09/2021 17:30 Diana Lastiri Actualizada 17:30

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, quien fue denunciada desde hace más de un año por desacato a un mandato judicial.

Aun cuando la carpeta de investigación fue iniciada en octubre de 2020, no fue sino hasta el 21 de junio que la FGR solicitó diversos documentos al juez Gabriel Regis López, quien denunció a la funcionaria, para integrarlos al expediente. EL UNIVERSAL informó que derivado del desconocimiento que realizó el Conacyt de la relación jurídica con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, los integrantes de la mesa directiva de éste tramitaron un amparo.

El juicio fue admitido en septiembre de 2019 por el juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, quien concedió una suspensión para que el Conacyt entregue recursos al foro para seguir operando mientras se resolvía el amparo. Sin embargo, por varios meses el Conacyt no entregó los recursos y en marzo de 2020 el juez ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación para que investigue a Álvarez-Buylla Roces, en su carácter de directora del consejo, por un supuesto desacato a un mandato judicial.

La FGR inició la carpeta de investigación hasta octubre de ese año, pero no fue sino hasta junio de 2021 que solicitó al juez enviar copias del expediente de amparo, el incidente donde se determinó que el Conacyt incumplió con la suspensión concedida y un informe sobre el estado procesal de dicho juicio.

Según los estrados judiciales, hasta la fecha el juez de Amparo no ha podido remitir las constancias que le fueron requeridas por la FGR: “Agente del MP designado para intervenir en el presente asunto, mediante el cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, así como el incidente de suspensión derivado del mismo, y se le remitan copias certificadas de los mismos; agréguese a los autos para que obre como corresponda.

“Atento a su contenido, expídase y remítase copia certificada únicamente del incidente de suspensión derivado del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar.

“Lo anterior es así en virtud de que los autos originales del juicio en que se actúa fueron remitidos al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para la substanciación de los recursos de revisión interpuestos contra la sentencia terminada de engrosar el 31 de diciembre de 2019, en la cual, por un lado, se sobreseyó en el juicio, y por otro se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa”, indicó el juez.

Los recursos de revisión a los que se refiere en su acuerdo fueron resueltos el pasado 14 de julio por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su sentencia, la Suprema Corte determinó que es legal que el Conacyt entregue recursos al fondo hasta el ejercicio 2019, pues así estaba estipuado en la normativa interna del consejo hasta 2020, cuando fue reformada y el fondo fue eliminado.

Pese a que existe esta determinación, la FGR ha insistido en que la constitución del foro y la transferencia de recursos del Conacyt al mismo, al menos de 2013 a 2018, son ilegales y ha intentado en dos ocasiones obtener órdenes de detención contra 31 exintegrantes del Conacyt y del foro.

El 22 de septiembre un juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó que no hay delito qué perseguir, precisamente porque la Corte se pronunció al respecto. La FGR informó que insistirá en intentar obtener las órdenes de captura y agotará todos los recursos legales necesarios para lograrlo.

Los 31 científicos y ex funcionarios son investigados por peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades y delincuencia organizada.

La carpeta contra ellos fue iniciada en octubre de 2020 cuando Álvarez-Buylla Roces denunció las supuestas transferencias ilegales y este año el caso fue remitido a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, debido a que en la acusación se agregaron los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

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