De manera ultra sintética podríamos decir que la democracia representativa se caracteriza por un “votas y te vas”. Es decir, la participación política de los ciudadanos se reduce a votar cada tres años en un proceso electoral (o cada cuatro, o cada seis, dependiendo del proceso y del país) y luego volver a participar tres años después. En este tipo de democracia, los que toman las grandes decisiones son los representantes elegidos.

En contraposición, en muchos países se ha consolidado una democracia participativa, en la que existen figuras legales como la iniciativa popular, la consulta popular o el referéndum, con el fin de que la ciudadanía pueda proponer iniciativas de ley y sea consultado sobre diferentes temas para la toma de decisiones.

En nuestro país, desgraciadamente, durante décadas, ha tenido vigencia sólo la democracia representativa, por lo que los ciudadanos no estamos acostumbrados a que se nos consulte sobre temas más o menos relevantes para la vida nacional. Sólo por dar unos ejemplos.

El año pasado, en Chile se llevó a cabo un referéndum para decidir si se iniciaba o no un proceso constituyente para redactar una nueva constitución, y determinar el mecanismo para dicho proceso.

En 2016, el Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea luego de un referéndum en el que la mayoría de la población votó por esta decisión.

En 2014 y en 2017 se llevaron a cabo referéndum en Cataluña para ver si la población estaba de acuerdo o no para que Cataluña tuviera su independencia de España.

Italia se convirtió en una república luego de que en 1946 se llevó a cabo un referéndum para que la población decidiera sobre el tipo de gobierno en Italia, monarquía o república.

En las democracias participativas, la gente no sólo decide sobre grandes temas, como en los ejemplos anteriores, sino que se consultan a la población temas más específicos, como, por ejemplo, el referéndum en Berlín, de 2017, para ver si se mantenía abierto o no el aeropuerto de Tegel. O el referéndum en el departamento de Loira-Atlántico, de Francia, para decidir sobre la construcción o no de un nuevo aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes.

Así que no tiene nada de raro que, por primera vez en la historia de México, se lleve a cabo una consulta popular para investigar a expresidentes por actos que han agraviado a la población. Ojalá y sea la primera de muchas consultas populares.

Ángel Balderas Puga

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