El ex alcalde de San Juan del Río, Fabián Pineda Morales, aseguró que el ayuntamiento ya no es competente para imponer alguna sanción en su contra, según una resolución emitida por un juez de distrito, el cual también desechó el procedimiento de inhabilitación que la actual administración inició hace unos meses.

En julio del año pasado el cabildo de San Juan del Río aprobó la inhabilitación por 10 años para Pineda Morales debido a que se habían encontrado y comprobado irregularidades en el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) durante el periodo que él encabezó la administración municipal. Además de la inhabilitación, se le estableció una sanción resarcitoria por 416 mil 859.66 pesos.

Sin embargo, cuatro meses después, Pineda Morales consiguió un amparo a través del Juez séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro quien otorgó el recurso al ex alcalde, por lo cual se eliminó la sanción.

En ese sentido, Fabián Pineda dijo que no ha sido notificado de ningún otro procedimiento en su contra, pese a que el gobierno municipal ha insistido en señalar las presuntas fallas que tuvo su administración.

“El juez de distrito y también el Colegiado de Circuito ordenó al presidente municipal, a la contralora y al ayuntamiento que no son competentes para iniciar procedimientos en contra de quienes fuimos representantes del municipio que fuimos votados, llámese regidores y también presidente municipal.

“Tiene que ser un órgano superior que es el Congreso del estado para llevar cualquier procedimiento en mi contra; el municipio actual ya no puede llevar ningún procedimiento en mi contra”, aseveró.

El ex alcalde reconoció que no descarta ser candidato para algún puesto de elección popular para el siguiente periodo electoral, por lo que consideró que tal vez ésta sea la causa por la cual el edil Guillermo Vega, insiste en denostar la imagen de la anterior administración.

Respecto a las liquidaciones que se encuentran en litigio por parte de tres ex funcionarios de su gestión, Fabián Pineda expresó que estos procedimientos fueron decisión particular de dichas personas.

Aseveró que las liquidaciones no suman los 10 millones de pesos que primero dijo el alcalde, y tampoco los 4.3 millones de pesos que se han difundido mediante redes sociales, por lo que consideró que una vez que el tribunal establezca una resolución el municipio debe cumplirla, “independientemente de la consulta que se pretende realizar”.

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