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El gobierno español tomó las riendas del poder en Cataluña sin hallar resistencia del destituido presidente independentista Carles Puigdemont, que este lunes viajó a Bruselas después de recibir una querella por rebelión y sedición.
El lunes fue el primer día laborable desde que el parlamento de Cataluña declaró la independencia el viernes y el gobierno de Mariano Rajoy adoptó medidas destinadas a controlar la región -que gozaba hasta ahora de una amplia autonomía-, dos acciones sin precedentes en la España moderna.
En un ambiente de gran incertidumbre, todos esperaban ver si Puigdemont se resistiría a abandonar el cargo.
Durante horas, decenas de periodistas aguardaron su llegada a la sede del gobierno regional en Barcelona. Pero no apareció.
¿Dónde está Puigdemont? era la pregunta en boca de todos.
"Está en Bruselas", afirmó una fuente gubernamental española. El diario catalán El Periódico dijo que había ido con algunos de sus colaboradores a pedir asilo político.
El domingo, un ministro belga, separatista flamenco, insinuó que el país podría ofrecer asilo al gobierno independentista catalán, aunque el primer ministro Charles Michel lo desmintió después.
Sin poder confirmar esta información, el abogado dePuigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, afirmó a AFP: "a él le pesa mucho que si lo vinieran a detener y lo citan a declarar, pudiera haber protestas y hechos violentos".
Por su parte, Marta Pascal, portavoz de su partido PDeCAT, recordó que durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) Cataluña tuvo líderes en el exilio que "seguían siendo presidente del gobierno catalán".
Las instituciones europeas indicaron a la AFP que no hay ningún encuentro previsto con él y el partido nacionalista N-VA aseguró que no lo había invitado.
Desde el partido de extrema izquierda independentista catalán CUP reclamaron explicaciones. "El país necesita saber qué hoja de ruta tiene el gobierno catalán por qué está en Bruselas", dijo su diputada Mireia Boya.
La noticia sobre el viaje de Puigdemont a Bruselas saltaba minutos después de que el fiscal general del Estado español anunciara una querella contra él y su gobierno por varios delitos -entre ellos "rebelión" y "sedición"- penados con hasta 30 años de cárcel.
Se les acusa de provocar "una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución", dijo el fiscal general José Manuel Maza.
Los independentistas, que el viernes celebraron con júbilo el nacimiento de su república, parecían cada vez más desanimados.
"Estamos a la espera de qué hace el gobierno" de Puigdemont, explicó el domingo a la AFP un responsable de una organización independentista.
"Si se creen ellos mismos que son el gobierno de la República, entonces nosotros saldremos a protegerlos, pero si no hacen nada, tendremos que ver qué hacemos", agregó.
Sin embargo el lunes, solo uno de sus integrantes acudió a su despacho y en las dependencias oficiales seguían ondeando las banderas españolas.
De la decisión de los líderes independentistas también dependen los 200 mil funcionarios de la administración regional, ahora ya bajo órdenes de Madrid.
En las últimas semanas surgieron llamamientos a desobedecer a sus nuevos superiores, pero es incierto si lo harán tras la aparente partida de sus dirigentes.
"Creo que la gente seguirá trabajando normal en su día a día", dijo Joan Escanilla, portavoz en Cataluña del sindicato de funcionarios CSIF.
lsm
