Washington.— En el mayor revés de su presidencia, Donald Trump se vio obligado ayer a dar marcha atrás a su política de separar padres e hijos inmigrantes indocumentados.

El presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva exprés que prohíbe la separación familiar, consecuencia directa de su política de “Tolerancia Cero”, que se mantiene intacta. “Se trata de mantener a las familias unidas mientras, al mismo tiempo, nos aseguramos de que tenemos una frontera poderosa y muy fuerte”, dijo Trump durante la firma, sin admitir la derrota ante la presión interna y mundial contra lo que se convirtió en una crisis humanitaria.

La presión ya era inaguantable.

Las imágenes y audios de niños llorando desconsoladamente se multiplicaron en los medios de todo el mundo, al igual que las críticas. Ayer se sumaron el papa Francisco, quien calificó de “inmoral” y “contraria a los valores católicos” la separación familiar, así como la primera ministra británica, Theresa May, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quienes denunciaron una política que “está mal”.

“No me gusta la visión o los sentimientos de familias siendo separadas”, dijo Trump al firmar la orden. Versiones en Washington apuntan a que la oposición de su esposa y su hija, Melania e Ivanka Trump , influyó.

Sin embargo, la política de “Tolerancia Cero” se mantiene: “Mantendremos una frontera poderosa y seguirá habiendo ‘Tolerancia Cero’. ‘Tolerancia Cero’ para los que entran ilegalmente”, sentenció y reiteró que su gobierno conseguirá el muro en la frontera. La orden tampoco da respuesta a qué pasará con las familias separadas — hay más de 2 mil 340 niños en esa situación— o si hay algún programa o protocolo para su reagrupación.

Ahora el presidente exige que el Departamento de Justicia desafíe el acuerdo “Flores”, una sentencia judicial de 1997 que impide tener detenido a un menor por más de 20 días. Hasta ahora, el gobierno separaba a las familias sin violar el acuerdo: los padres eran enviados a prisión y los niños pasaban a “centros de acogida”.

Sin embargo, la orden no satisfizo a muchos. “Si el presidente piensa que poner familias en prisión indefinidamente es lo que la gente está pidiendo, está equivocado”, dijo Anthony Romero, director ejecutivo de la American Civil Liberties Union (ACLU).

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