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Trabajadores de la empresa Veolia mantienen un bloqueo pacífico en el relleno sanitario de Mompaní para exigir su liquidación laboral, ante la conclusión de la concesión prevista para el próximo 4 de febrero y la falta de información clara por parte de la empresa sobre su situación contractual.
La movilización inició alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando los empleados decidieron impedir el ingreso de unidades recolectoras como medida de presión para obligar a la empresa a establecer una mesa de diálogo. Los inconformes aseguran que, pese a haber solicitado explicaciones en reiteradas ocasiones, no han recibido respuesta por parte de la compañía.
De acuerdo con los trabajadores, inicialmente se les informó que al término de la concesión serían liquidados conforme a la ley. Sin embargo, la semana pasada la empresa les notificó que el relleno sanitario y el proyecto habían sido vendidos, por lo que no habría liquidación, al tratarse —según la versión de Veolia— de un simple traspaso operativo sin cambio de razón social.
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Los manifestantes señalaron que no existe documentación oficial que respalde esta información y denunciaron que el personal administrativo ya no se encuentra en el sitio, lo que ha dificultado cualquier intento de diálogo. Además, advirtieron que en otros estados se han presentado casos similares, donde trabajadores quedaron sin liquidación bajo esquemas de cambio de operador.
Los trabajadores advirtieron que el bloqueo se mantendrá de manera indefinida hasta obtener una respuesta formal y garantías sobre el respeto a sus derechos laborales.
El cierre del relleno sanitario podría generar afectaciones en la disposición final de residuos, al obligar a desviar la basura a estaciones de transferencia o a otros municipios. En total, alrededor de 22 trabajadores participan directamente en la protesta.
Finalmente, los inconformes expresaron su preocupación por la falta de claridad en la información oficial, luego de que se anunciara que el relleno no sería concesionado nuevamente, mientras que ahora se plantea un cambio de operador sin que exista una postura pública clara para los trabajadores.
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