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Para poder abrir sus puertas otra vez, 28 chatarreras ubicadas en el municipio de Querétaro, deberán subsanar observaciones de protección civil, así como pagar la multa correspondiente, indicó el secretario de gobierno, Arturo Molina.
El funcionario descartó que se trate de una “cacería de brujas” al sector del reciclaje, al asegurar que obedece a un tema de seguridad a la población y normatividad que la ley sanciona con la suspensión.
“Es importante decir que todas (las suspensiones) son de manera general, por falta de licencia, por invasión en vía pública de los materiales que tenían, por temas de Protección Civil, entre otros”, refirió.
En el caso del municipio de Querétaro, aclaró, no hubo personas detenidas o mercancía decomisada por parte de las autoridades judiciales, durante los operativos de revisión que se cumplieron en días pasados por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Molina reiteró que en las dos últimas dos semanas se visitaron 44 chatarreras, de las cuales 28 fueron suspendidas, y 11 se acercaron al gobierno municipal para regularizarse; sin embargo, las multas por el tipo de falta podrían ir de los 59 mil al medio millón de pesos.
Ante la advertencia del líder de los recicladores en Querétaro de una posible movilización nacional en caso de no cumplir con el pliego petitorio que entregaron al finalizar la manifestación del lunes, el secretario de gobierno expresó que se debe acatar el estado de derecho y evitar cometer delitos como la obstrucción a las vías de comunicación, por lo que hizo el llamado a priorizar el dialogo.
“No es un tema de persecución ni arbitrariedad, es un tema de legalidad y orden, invitamos a que cada negocio se acerque en individual para subsanar cada eventualidad y trabajar en el esquema de orden”, expresó.
El funcionario reconoció que los operativos de supervisión se van a seguir realizando, ya que se hace de forma integral en coordinación con la Fiscalía y autoridades estatales.
En caso de que sean encontrados artículos robados, como cables , dijo, será la Fiscalía la encargada de determinar el tipo de sanción a la que pueden ser acreedores los propietarios o quien resulte responsable.
El pasado 15 de agosto, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que a partir de la denuncia de una empresa que proporciona servicios de cableado para una compañía de telecomunicaciones, se investigó el robo de cable, al establecer la posible comisión de hechos delictivos para quienes compran este tipo de materiales de cobre, por esto fue que se ubicaron y realizaron 25 actos de cateo en los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués, San Juan del Río, Ezequiel Montes, así como en Tequisquiapan.
Además, dichos municipios fueron convocados para que se realicen revisiones conforme a sus facultades , sumándose las instancias de inspección municipal, así como de protección civil para la revisión administrativa en 42 inmuebles más, en los municipios de Querétaro, El Marqués, San Juan del Río y Ezequiel Montes.
