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La empresa Broquers Ambiental deberá pagar una indemnización de 2.7 millones de pesos al Municipio de Querétaro por incumplimiento en el servicio de tratamiento de residuos sólidos, tras la clausura de su planta el pasado 23 de julio, informó Armando Presa, secretario de Servicios Públicos Municipales.
La sanción económica corresponde a una pena convencional, es decir, una multa derivada de lo estipulado en el contrato, que equivale al monto que el municipio habría pagado a la empresa durante el periodo de clausura. Cada día, Broquers recibía 91 mil 767 pesos por su servicio, por lo que el total acumulado desde el cierre motivó el cobro por más de dos millones y medio de pesos.
La clausura fue ejecutada por la Procuraduría Ambiental del Estado, que detectó deficiencias graves en la planta, incluyendo malos olores y fallas en los procedimientos de tratamiento de residuos, lo que vulnera las condiciones mínimas de operación que exige la normatividad ambiental.
Antes de la suspensión, la planta de Broquers recibía en promedio 325 toneladas diarias de residuos para su separación y tratamiento. Sin embargo, con la clausura, el Municipio se vio obligado a redirigir estos desechos al relleno sanitario de Mompaní, el cual actualmente opera a plena capacidad para evitar afectaciones al servicio de recolección en la capital.
Presa Camacho detalló que la empresa ya trabaja en subsanar las observaciones realizadas por la Procuraduría. Una vez completados los ajustes técnicos y operativos, Broquers deberá presentar un nuevo proyecto y un programa de ejecución para ser evaluado por la autoridad ambiental estatal, quien será la encargada de decidir si se retiran los sellos de suspensión y se reanudan operaciones.
“La empresa está en su proceso de subsanación. El siguiente paso es presentar un proyecto formal a la Procuraduría Ambiental, que será quien valide si puede volver a operar. Mientras tanto, la recolección de residuos sigue garantizada”, declaró el funcionario.
