Aquellas personas que vivan en asentamientos irregulares y busquen asesoría pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, esto con la intención de que no resulten defraudados por supuestos gestores o abogados, indicó el titular del área, Arturo Torres Gutiérrez.

Al cuestionar acerca del número de personas que se acercan a esta dependencia en búsqueda de asesoría, dijo desconocer la cifra exacta, pero aseguró que si han acudido varías personas, así como que les han externado que hay varias personas que los han intentado defraudar.

“El que hoy día se venda un lote, un asentamiento, es un delito penal, la persona que lotifique y venda sin permiso de la autoridad, puede ir a la cárcel”, expresó.

Refirió que la actual administración municipal esta regularizando aquellos asentamientos que hayan nacido antes de 2003, porque después se modificó la ley y se tipificó como delito la venta de lotes o parcelas sin la reglamentación necesaria.

Explicó que para poder hacer el proceso de regularización tienen que cumplir con lo que establece la ley en materia de propiedad privada y en materia ejidal.

“En el caso de las personas que hoy día vivan en asentamiento, no se ha regularizado y están contratando o se les han acercado abogados o gestores, decirles que no es necesario, la Dirección Territorial adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y social se encarga de ayudar a los colonos que poseen un lote y no han podido regularizarse (...) Nosotros podemos ir directamente a su asentamiento o pueden ir a la oficina para que se asesoren, les decimos cuáles son los requisitos, qué tienen que hacer ellos, nos tienen que contactar con el particular o ejido para que explicamos y digamos como se maneja el programa, no requieren de pagar promotor o pagar monto por asesoría, porque nosotros lo hacemos de forma gratuita y es parte del proceso de regularización”, detalló el titular.

Torres Gutiérrez aclaró que no todos los asentamientos cumplen con lo establecido en la ley, ya que algunos pueden estar en protección ecológica, tener un dictamen de riesgo, que no haya voluntad de la persona que acredita la propiedad de dar un poder, entre otros.

Subrayó que están abiertos con la mejor de las voluntades para concluir o iniciar el proceso de regularización para que cuenten con certeza jurídica que los acredita como legítimos propietarios.

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