Durante la más reciente sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó los reglamentos internos de seis dependencias municipales: Movilidad, Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Urbano, Atención Ciudadana, Desarrollo Económico y la Secretaría Particular. Esta acción forma parte del “Plan Orden”, una estrategia de reorganización administrativa impulsada por el gobierno municipal para brindar mayor claridad en las atribuciones de cada área y mejorar la eficiencia del servicio público.
La iniciativa, presentada por la Comisión de Gobernación, tiene como objetivo fortalecer la transparencia, dotar de certeza jurídica a las secretarías y facilitar un ejercicio más ordenado y eficaz de sus funciones. Al definir de manera precisa las competencias de cada dependencia, se busca optimizar los procesos internos y ofrecer mejores resultados a la ciudadanía.
En otro punto del orden del día, se presentaron los informes trimestrales del Sistema Municipal DIF correspondientes al periodo enero-marzo de 2025. También se dieron a conocer los informes del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, relativos a los periodos octubre-diciembre de 2024 y enero-marzo de 2025. Además, se informó sobre las personas autorizadas y las renovaciones en el padrón de usuarios del relleno sanitario municipal.
Asimismo, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología autorizaron el cumplimiento del 10 por ciento del área de donación correspondiente a un proyecto ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio. El predio, identificado con la clave catastral 14 01 001 21 951 003, deberá destinar dicha superficie conforme a la normativa vigente.
Por último, el Cabildo aprobó tres acuerdos para reconocer a beneficiarios legales de ex trabajadores municipales fallecidos, con el propósito de iniciar los trámites de pensión por muerte. Los beneficiarios reconocidos son: José Abel Armando Martínez Pérez, en el caso de María Isabel Macedonia San Luis López; María de los Ángeles Moreno Quintanilla, por Antonio Bautista Ramírez; y María Guadalupe Hernández Hernández, por José Eusebio Briones González. Con ello, se busca dar certidumbre legal y respaldo a las familias de los servidores públicos que perdieron la vida.