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La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) decidió postergar, una semana más, el análisis del recurso de reclamación y reparación de daño que interpuso la mujer indígena otomí; Jacinta Francisco Marcial en dicha instancia, luego de haber sido injustamente recluida durante 39 meses en un Centro de Readaptación Social (Cereso) en Querétaro.
Andrés Díaz Fernández, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., y quien se ha convertido en el representante legal de Jacinta en los últimos años, explicó a EL UNIVERSAL Querétaro que los 11 magistrados que integran la Sala Superior del TFJFA, anunciaron la decisión de postergar el análisis del recurso de reclamación y reparación de daño que interpuso la mujer originaria del Municipio de Amealco de Bonfil, desde hace más de tres años.
“Esperábamos que hoy mismo tuviéramos ya algún adelanto de la resolución favorable para nuestra causa, que para nosotros está más que claro que la Procuraduría (General de la República) es completamente responsable de que Jacinta, haya sido encarcelada de manera injusta durante más de tres años”, explicó el coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez.
Cabe destacar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México, es un tribunal de lo contencioso-administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, encargado de dirimir las controversias jurídicas que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares. Pero no es parte del Poder Judicial de la Federación, dependiendo presupuestalmente del Ejecutivo Federal.
El Tribunal es reconocido en el medio jurídico mexicano, como organismo de legalidad, siendo sus sentencias recurribles ante los Tribunales Federales, por la vía del amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito.
El Tribunal se encuentra integrado por una Sala Superior y 46 Salas regionales distribuidas en 23 regiones y una Junta de Gobierno y Administración. Los Magistrados son nombrados por el Presidente de la República para ejercer su encargo por un periodo de 15 años.
