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Entre ocho y 10 semanas llevará realizar la homologación del Sistema de Justicia Penal Adversarial en los 18 municipios del estado, ya que aún existen deficiencias en los primeros 15 en donde se puso en marcha, aseguró Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno.
Tras poco más de dos semanas de su implementación en la zona metropolitana se han abierto más de mil 600 carpetas de investigación, afirmó el funcionario estatal, quien destacó que las deficiencias que se tienen en los demás municipios se deben a la capacidad de operatividad, así como la elección del personal en cada puesto.
Será a partir de este día cuando tanto el secretario de Gobierno, como el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Juan Marcos Granados Torres, viajen a los municipios serranos para culminar con la etapa de diagnóstico y comenzar a realizar las modificaciones necesarias para que el nuevo sistema de justicia penal se aplique de manera adecuada en todo el estado.
La manera en que se selecciona al personal, la capacidad de operatividad y el diseño administrativo son las principales modificaciones que se deben llevar a cabo en los 15 municipios donde se implementó este sistema.
De acuerdo con el secretario de Gobierno, fue desde hace 15 meses que se implementó este modelo de impartición de justicia en 15 municipios, con nueve jueces ejerciéndolo, sin embargo, solamente se pudieron resolver dos casos de manera completa; mismo número de investigaciones que han sido resueltas en la zona metropolitana desde que se aplicó la tercera gradualidad. Actualmente existe una problemática mayor en San Juan del Río por el número de investigaciones que se inician, la cantidad de operadores y el elevado índice delictivo que se registra en aquella ciudad. Son por ello las indicaciones del gobernador de que se hagan las gestiones necesarias ante los poderes Legislativo y Judicial para homologar el programa a la brevedad, afirmó.
Entre las cifras que presentó el secretario, se destaca un incremento de 20% en las denuncias realizadas por los afectados, “ya están denunciando las personas”; se han realizado seis intervenciones por la Unidad de Medidas Alternas, quien actúa a petición de los jueces cuando es necesario hacer supervisión para identificar la necesidad o no de la detención preventiva.
De las 27 audiencias judiciales llevadas a cabo en dos semanas, 15 han sido iniciales para poner en conocimiento de los jueces las imputaciones; en seis se han emitido órdenes de aprensión y en cuatro se autorizaron cateos, “el sistema acusatorio muestra en esta tercera gradualidad con cifras y con números que está funcionando”, aseguró.
