Inquilinos de un inmueble ubicado en el número 1 de la calle Ángela Peralta, Centro Histórico, acusan de fraude a un notario. Explicaron que el dueño original murió sin dejar testamento y acusan al notario de adquirir la propiedad a un precio mínimo utilizando influencias.
Margarita Correa explicó que ella estaba bajo la administración de una boutique en ese local. Tras la muerte del dueño original del inmueble, de nombre Eduardo Berriolope, quien era originario de España y no tuvo descendencia en el estado, fue desalojada.
“Nosotros estábamos en trámites de que se me vendiera la propiedad, pero no se concretó. En el año 2000 fallece y comenzaron los problemas legales, pues murió intestado, y llegaron de España una hermana y un sobrino quienes contrataron a un abogado que les ayude. Se acordó que en cuanto ellos acordaran todo lo de la sucesión, nos iban a vender a los inquilinos”, explicó.
La sucesión no se llevó a cabo, por lo que Margarita Correa continuó pagando la renta. Margarita comenzó a depositar el monto del arrendamiento en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, y presentó todos los recibos a EL UNIVERSAL para demostrarlo.
En 2007 llegó un abogado de nombre Francisco Guerra Malo, quien también es titular de una notaría, e indicó a la inquilina que debía desalojar el local, pues él había comprado la propiedad.
“El licenciado Guerra Malo me respondió que eso no era asunto mío y que tenía tres días para salirme del local, que por 37 años había sido mi fuente principal de ingresos. Fue en ese momento cuando comenzaron los ataques en contra mía y las amenazas por parte de diferentes instancias municipales, una de ellas la Unidad Municipal de Protección Civil, que envió un perito para indicar que la estructura no resistía por el deterioro de las vigas, pero el perito trabaja junto con el notario Guerra Malo”, explicó Margarita Correa.
Por su parte, familiares del notario Guerra Malo mostraron la sentencia del juicio contra la inquilina del local 1-B del número 3 de la calle Ángela Peralta. El juez dio la orden de desahucio, misma que se constata en el expediente 1334/2010, por lo que el desalojo fue válido.