La Secretaría de Seguridad Pública de San Juan del Río permitió que en sus filas laborara un policía que enfrenta un proceso del orden federal. Se trata de Cornelio López Martínez, quien es investigado por portación ilegal de arma de fuego.
El secretario de Seguridad Pública, Raúl Rosales, reconoció que desde 2011 se inició el proceso en contra de López Martínez por este delito y la semana pasada se cumplió la orden de aprehensión en contra de ese elemento.
El alcalde Fabián Pineda Morales explicó la semana pasada que la orden de aprehensión que cumplió la Procuraduría General de la República en contra de López Martínez, se debe a que es señalado como responsable de un asalto. El secretario de Seguridad aseguró que el proceso fue iniciado por portación ilegal de arma de fuego.
“En este caso, la detención fue por un incumplimiento procesal del oficial, que tenía un beneficio de suspensión (del proceso) a prueba, dejó de acudir a firmar y entonces se le giró la orden de reaprehensión”, dijo el secretario de Seguridad Pública.
Reiteró que el hecho en el que López Martínez se vio involucrado ocurrió en 2011 y argumentó desconocer el caso, ya que en ese año él no era secretario de Seguridad Pública. Negó que su detención se debe a investigaciones por su posible responsabilidad en el robo de combustible.
“Es un caso de portación de arma de fuego, desconozco la situación. Ahorita se liberó su orden de aprehensión, desconozco si se le investiga por robo de combustible, estaremos en espera de que se nos notifique para colaborar”.
Rosales justificó la permanencia de López Martínez en la corporación, a pesar de enfrentar un proceso federal, ya que no se trataba entonces de una sentencia condenatoria.
“La ley prevé que los oficiales que enfrenten una sentencia condenatoria no pueden pertenecer a una corporación policiaca, en este caso, no hay una sentencia condenatoria, tenía un beneficio de suspensión a prueba”, defendió.
El funcionario afirmó que la permanencia o baja del oficial dependerá de los resultados que emitan las dependencias federales sobre su caso. “Esperaremos a ver si hay suficientes elementos probatorios para turnar su caso a la Comisión de Honor y Justicia”.
El secretario de Seguridad Pública reconoció también que se ha mencionado la existencia de una orden de presentación en contra del comandante Luciano Verde Olvera, a quien se le involucra con el delito de despojo de un predio que demanda como suyo la familia Fernández de Cevallos.
Sin embargo, Rosales dijo desconocer más datos del caso y negó haberse comunicado recientemente por el comandante Verde, quien, aseguró, aún se encuentra de vacaciones.
“Él (Verde Olvera) sigue tomando vacaciones, regresará el 22 de octubre a laborar; se ha mencionado que hay una orden de presentación, pero yo no tengo conocimiento de que exista… no me he comunicado con él porque se encuentra de vacaciones...”.