Por daños a la administración pública, que podrían ascender a 180 millones de pesos, el municipio de Querétaro inició procedimientos administrativos y penales contra 15 ex servidores del gobierno pasado, involucrados en presuntas irregularidades por la construcción del Lienzo Charro de Santa Rosa Jáuregui. Además, Concavus & Convexus, empresa jalisciense que ejecutó la obra, está en peligro de ser inhabitada.

El secretario de Gobierno, Manuel Velázquez Pegueros, informó que el Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas es la instancia que inició el proceso administrativo contra los 15 ex trabajadores; al mismo tiempo, se llevará el expediente integrado ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Explicó que las acciones que se llevarán a cabo tienen como antecedente una serie de auditorías que realizó la Auditoría Municipal de Fiscalización de Querétaro, con las que se determinó iniciar los procedimientos, con el objeto de buscar el resarcimiento al daño en la Hacienda Pública y, en su caso, generar acciones disciplinarias a todos y cada uno de los ex servidores públicos involucrados.

Entre las irregularidades cometidas figuran la suscripción de documentos sin la autorización debida, daño al erario público, incumplimiento de las acciones contractuales y en los procesos de adjudicación de la obra pública.

“Estamos hablando de conductas que pudiesen generar una responsabilidad, como suscripción de documentos sin la autorización debida, es una de las responsabilidad que pudiésemos estar señalando, obviamente el daño al erario público, el incumplimiento de las obligaciones contractuales es otra de las conductas que será objeto de estos procedimientos administrativos, incumplimiento en los procesos de adjudicación de la obra pública, todo ello engloba una responsabilidad que se encuentra contenida en los incumplimientos en materia de planeación, programación y presupuesto de la obra, producto de la contratación y de la construcción del Lienzo Charro”, mencionó el secretario Manuel Velázquez Pegueros.

Insistió que producto de las auditorías que se han llevado a cabo en estos meses es que se ha tomado la determinación de iniciar los dos procedimientos; en el caso del administrativo resarcitorio podría llegar a la inhabilitación por 20 años de los ex funcionarios públicos.

“De manera administrativa se buscarán dos conductas, la sanción a los servidores públicos y resarcir los daños que se han generado a la hacienda pública”, reiteró.

El titular de la Secretaría de Gobierno municipal recordó que el jueves 2 de junio se inició el procedimiento administrativo. Añadió que en esta semana se dará vista a la Fiscalía General, con el objeto de que pueda iniciar todas las indagatorias que dentro del ámbito de su competencia le corresponde.

El funcionario subrayó que por ley no se pueden revelar los nombres de los funcionarios a los que se iniciaron procedimientos, hasta que concluyan las investigaciones y se impongan sanciones correspondientes.

Sin embargo, fuentes consultadas informaron que los ex funcionarios a los que se investiga laboraron en las Secretarías de Obras Públicas y Finanzas de Querétaro.

Además, se ha dicho que la empresa Concavus & Convexus se encuentra cerca de ser inhabitada para prestar servicios al gobierno capitalino.

Por su parte, el ahora diputado local Mauricio Ortiz Proal, quien se desempeñó como secretario de Gobierno en la administración municipal 2012-2015, afirmó que él no tiene conocimiento de que se haya realizado algún proceso de manera ilegal.

Subrayó que si se tienen pruebas deben realizarse las investigaciones con total apego a la ley, lo que conlleva darle la posibilidad a los imputados para que demuestren su inocencia.

“Me parece que más allá de las declaraciones se tiene que actuar, si existen elementos o evidencias para iniciar un procedimiento pues ya que se inicie y que se garantice el debido proceso, que consiste en darle la oportunidad al imputado de presentar sus pruebas de descargo para poder defenderse ante las instancias a las que hubiera lugar, y eventualmente tendrá que ser la autoridad jurisdiccional quien determine la culpabilidad o no de cualquiera de los señalados”, comentó.

Asimismo, el legislador Mauricio Ortiz afirmó que hasta el momento no tiene conocimiento de que se trate de una cuestión política.

Destacó que el tema debe atenderse a la brevedad y que las autoridades competentes deben actuar, dejando de lado las declaraciones mediáticas.

Interesados en adquirir el Lienzo Charro. El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, dio a conocer que tres organizaciones buscan adquirir el Lienzo Charro, dos de ellas son empresas que se mantienen en el anonimato, el tercer interesado es la Asociación Nacional de Charros, quien además manifestó interés de construir el Museo Nacional Charro en la demarcación.

“Son dos grupos empresariales, pero ellos han pedido que hasta el momento no se dé a conocer quiénes son, hasta en tanto no se consolide la compraventa, por lo pronto quienes sí están firmes son la Asociación Nacional de Charros, quien tiene un profundo interés no solamente para adquirirlo si no para realizar una construcción paralela del Museo Nacional Charro y celebrar congresos anuales”, apuntó.

De acuerdo con el alcalde capitalino, los eventos que se realizarían de manera anual en este inmueble dejarían una derrama económica cercana a los 400 millones de pesos; de tal modo que la intención sería que el comprador atraiga turismo cultural, de negocios y que maneje de manera adecuada la infraestructura. Redacción

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