Como una decisión responsable calificó el magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Ignacio Aguilar Ramírez, las modificaciones que se realizaron a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado en materia de jubilaciones y pensiones, y añadió que esto demuestra que la actual administración estatal quiere “cuidar el dinero del pueblo”.
“Desde luego que esta reforma demuestra mucha responsabilidad por parte de gobierno estatal, porque requería mucho valor presentar una iniciativa de reforma de esos alcances, en donde definitivamente aquellos funcionarios que podían jubilarse con salarios millonarios, porque esa es la verdad, pues ya no lo van a poder hacer, esa es una muestra que se va a cuidar el dinero del pueblo”, señaló.
El funcionario insistió que dicha reforma, que se aprobó a finales del año pasado, fue “muy responsable” y recalcó que los trabajadores sindicalizados no serán afectados.
“Se me hace una reforma muy responsable, y considero definitivamente que al trabajador sindicalizado no le afecta. Una de las mayores inconformidades es el tope de los 42 mil pesos con los que se puede jubilar una persona, normalmente los trabajadores de base, los trabajadores de verdad, difícilmente tienen salarios superiores a esa cantidad y yo creo que un trabajador de los de verdad no tendrá ninguna afectación en ese sentido”, manifestó.
Consideró que la reforma en el ámbito de jubilaciones y pensiones de los trabajadores de confianza de los tres Poderes del Estado tienen la intención de eliminar privilegios y abusos por parte de algunos funcionarios de alto rango.
“Creo que la reforma va tendiente a eliminar esos privilegios de los que gozaban algunos funcionarios de alto rango. Se daban, por ejemplo, casos donde trabajadores estaban tres años en una lugar, luego eran diputados, luego eran regidores, iban acumulando una serie de años de antigüedad, que en un momento determinado también les permitía retirarse con carteras muy altas de dinero y ahora no lo van a poder hacer”, indicó.
Ignacio Aguilar destacó que la reforma permitirá crear un organismo que vigile la antigüedad real de los trabajadores, “lo cual va a permitir tener más certidumbre en la antigüedad, porque muchas veces había simulaciones”, dijo que era absurdo que funcionarios de 44 o 45 años de edad “pretendieran jubilarse diciendo que tenían 30 años de servicio”.
