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En la última revisión correspondiente al ejercicio 2019, la Auditoria Superior de Fiscalización (ASF) en Querétaro se examinó el gasto federalizado de 31 mil millones de pesos y únicamente están pendiente por acreditar 180.4 millones de pesos que pagó la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en materia de nómina y servicios personales.
Lo anterior lo dio a conocer el secretario de la Contraloría, Alfonso Chávez Fierro, quien explicó que la ASF formuló cinco observaciones a la UAQ y de ellas se desprende la obligación de acreditar el gasto de este este recurso, presentando los comprobantes respectivos, “son temas administrativos que en el ámbito de su autonomía tendrá que dar respuesta”.
Detalló que al estado de Querétaro se le hicieron ocho observaciones: cinco a la UAQ; una al municipio de Querétaro, otra a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) y la última a la Legislatura del estado. Subrayó que no hubo observación para el Poder Ejecutivo estatal y tampoco para organismos paraestatales.
Querétaro, subrayó, ocupó por tercer año consecutivo el primer lugar, según la ASF, en el desempeño de la gestión del gasto federalizado, con una calificación de 98.7 puntos de 100 posibles y es la calificación más alta de todas las entidades federativas.
¿Cómo han trabajado en los últimos años en la aplicación de los recursos federales?
—Querétaro ocupa el primer lugar en este indicador del desempeño de la gestión del gasto federalizado, con una calificación de 98.7 puntos de 100 posibles y es la calificación más alta de todas las entidades federativas, de acuerdo al reporte que se publicó la semana pasada, que corresponde al ejercicio 2019. Estos es producto del compromiso de siempre del gobernador Francisco Domínguez de rendir cuentas, pero sobre todo dejar en claro que los recursos federales, como cualquier otro recurso, se traduce en bienes y servicios que se entregan a la gente, por eso vemos medicamentos entregados a la población, clases otorgadas, seguridad pública brindada, recursos para los municipios a fin de que hagan frente a sus obligaciones.
¿Qué han hecho ustedes para que las diferentes dependencias del gobierno estatal respeten la normatividad en la aplicación de los recursos?
—La administración estatal pasada nos dejó un indicador de 93 puntos porcentuales y ahora estamos casi en 98, es decir tenemos una trayectoria ascendente y por eso Querétaro ocupa por tercer año consecutivo este primer lugar y esto es consecuencia de muchos factores: primero el compromiso de los ejecutores para que se apliquen los recursos para el rubro a lo que está destinado; adoptar medidas de control interno para que se apliquen los recursos como debe de ser de acuerdo con la norma federal; también se requiere implementar capacitación y acompañamiento con los ejecutores del gasto.
¿Cuál es el monto de recursos que auditó la ASF en el último informe?
—En el caso de Querétaro se revisaron 31 mil millones de pesos, recursos que estuvieron destinados a programas de educación, salud, seguridad y otros más.
¿En este último ejercicio se modificó el esquema de revisión a consecuencia de la pandemia?
—Sí, en estas 23 auditorías que nos hicieron venían a realizar revisiones físicas con acompañamiento directo aquí con nosotros y ahora se implementó un buzón electrónico. En Querétaro trabajamos muy de la mano con la ASF por si tiene alguna duda o inquietud estamos prestos desde la Contraloría para atender a los fiscalizadores y demostrar que se aplican los recursos de acuerdo a los fines que establece la normatividad.
¿En Querétaro no hay corrupción en la aplicación de los recursos federales?
—Es correcto. En Querétaro no tenemos en el Poder Ejecutivo estatal ninguna observación por solventar, y esto es muy importante pues vale subrayar que en el resto de los estados se formularon 2 mil 196 observaciones, a través de las cuales se debe aclarar el gasto de 55 mil 30 millones de pesos.
Aunque cabe aclarar que para el estado de Querétaro se dieron ocho observaciones que no tienen que ver con el Poder Ejecutivo estatal. Estas ocho observaciones, cinco le corresponden a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), una al Legislativo, una a la Entidad Superior de Fiscalización y una más al municipio de Querétaro.
¿En qué consisten las observaciones del gasto federalizado que se le hicieron a la UAQ?
—Se hicieron cinco observaciones, hay dos solicitudes de aclaración, un pliego de observación, una recomendación y un pliego de comprobación fiscal, es algo que la universidad dejó de acreditar en su aplicación de los recursos públicos por el orden de los 180.4 millones de pesos, es la única cantidad que tenemos observada que tiene que ver con el manejo de recursos personales, en concreto es en el manejo de la nómina donde se focaliza el problema de la ausencia de comprobación de parte de la Universidad y seguramente en el plazo que marca le ley de fiscalización la Universidad aclarará el gasto de ese recurso y eso permitirá que el estado de Querétaro no tenga en su totalidad alguna observación.
En el ámbito de su esfera administrativa la UAQ tendrá que reforzar a fin de acreditar los pagos que ha hecho en nómina, servicios personales, pero estamos confiados que la universidad en el ámbito de su autonomía demostrará la aplicación de sus recursos.
En el caso del Legislativo, la ESFE y el municipio de Querétaro, la ASF les hizo en lo individual una recomendación de mejora en sus procesos de la aplicación del gasto. Son temas de control interno, que pronto estarán solventados.
¿Qué reto tiene Querétaro para mejorar la aplicación de la normatividad al ejercer el gasto de recursos federales?
—Sin duda el tema es mejorar en la profesionalización de los servidores públicos, por eso es que nos hemos aplicado para traer muchos cursos en materia de contabilidad gubernamental y esto ha permitido mejorar las competencias de los servidores públicos.
