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Río de Janeiro.— La constructora brasileña Andrade Gutierrez aceptó pagar 260 millones de dólares en compensación por contratos fraudulentos con el gobierno, entre ellos la construcción y remodelación de estadios de futbol en 2014 y obras para Petrobras.
La fiscalía brasileña y los abogados de la empresa alcanzaron un acuerdo por el cual la constructora –la segunda mayor en Brasil— admitirá el pago de sobornos para obtener obras para el Mundial 2014, en Petrobras, en la presa de Belo Monte y en la línea férrea Norte-Sur.
Se trata de la mayor indemnización desembolsada hasta la fecha por una de las empresas acusadas en la Operación Lava Jato, que investiga el desvío de cientos de millones de dólares de Petrobras por medio de contratos fraudulentos, sobrefacturados y que también acusó a ejecutivos de otros gigantes del sector como Odebrecht y Camargo Corrêa. Los sobornos se pagaban a funcionarios y partidos políticos a cambio de la adjudicación de obras públicas, un sector que supone casi la mitad de los ingresos de la empresa, con actividad en el exterior.
Entre los proyectos en los que Andrade Gutierrez participó en el Mundial figuran la remodelación del Maracaná, en Río, del Mané Garrincha, en Brasilia, y del Beira-Rio, en Porto, además de la construcción del Arena Amazonas en Manaus.
Tesorero inocente. El boliviano Carlos Chávez, actual tesorero de la Conmebol, proclamó ayer su inocencia tras cuatro meses de arresto y anunció que no renunciará a la presidencia de la federación de su país (FBF). “Significaría admitir que soy corrupto. Soy inocente”, dijo.
Chávez asistió a una audiencia judicial para que su caso sea trasladado de Sucre a Santa Cruz de la Sierra, donde está preso hace cuatro meses. El juez denegó el pedido. Chávez está imputado de delitos de legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, uso indebido de influencias, beneficios en relación con el cargo y delitos tributarios.
El comité ejecutivo de Conmebol aprobó en Río hacer un “especial seguimiento” al caso boliviano, y establecer si el proyecto de Ley del Deporte de Bolivia violará la autonomía de la FBF. En caso de evidenciar la injerencia del Estado, la Conmebol dará un plazo de tres semanas para que la federación boliviana respete la institucionalidad deportiva. De lo contrario sería suspendida, lo que equivale a que equipos de Bolivia no participen en Libertadores y Sudamericana.
