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Después de casi cuatro horas de debate, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó —con 317 votos a favor, 34 en contra y 17 abstenciones— castigar hasta con cuatro años y medio de prisión a los aficionados o integrantes de las barras que participen en riñas, inciten o generen violencia en los inmuebles deportivos, principalmente en el futbol.
La minuta, enviada al Senado de la República, crea un nuevo delito llamado “violencia en el deporte” y prevé castigar con penas de cárcel que van desde un año y medio hasta cuatro años y medio, y hasta 90 días de salario mínimo como multa, a quien cause daños materiales en los bienes muebles o inmuebles que se encuentren en el propio recinto deportivo, en sus instalaciones anexas o en las inmediaciones. Aplica también para quien introduzca al inmueble armas de fuego, explosivos o cualquier arma prohibida.
Con esta ley se creará un padrón de personas sancionadas a quienes se les impedirá asistir a eventos deportivos hasta por cinco años. Este padrón formará parte de la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la información en él contenida será confidencial.
Se castigará a quien lance objetos contundentes que por sus características pongan en riesgo la salud o integridad de las personas. “En este supuesto, se impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cinco a 30 días de salario mínimo como multa”.
Para quienes ingresen sin autorización a los terrenos de juego y agredan a las personas o causen daños materiales. “Quien incurra en esta hipótesis será sancionado con seis meses a tres años de prisión y de 10 a 40 días de multa”.
Se aceptó una reserva de la diputada Alliet Bautista para darle certeza a estas reformas y sancionar a los aficionados violentos, y servirá para que el juez pueda tomar en cuenta penas del Código Penal Federal y de los códigos penales de los estados.
El priísta Alberto Rodríguez aseguró que con esta ley se podría aplicar una especie de sumatoria en las penas finales por los delitos cometidos por un aficionado en un estadio.
Ejemplificó que si un aficionado lanza un proyectil a la cancha, se hace acreedor a una pena, y si ese objeto provoca lesiones a otra persona, el juez debe hacer un “concurso de delitos”, es decir, en la sentencia final, sumar para ambas penas.
En tanto, el diputado panista Jorge Sotomayor aseguró que esta ley también define las mismas sanciones para los aficionados que acudan a inmuebles y estén custodiados por el gobierno Federal: “El MP, cuando conozca los hechos, determinará si los delitos son de naturaleza local o federal y tiene que remitirlos a la instancia local o federal, según el estudio que haga”.
Con esta ley se obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que capaciten a los cuerpos policiacos y demás autoridades encargadas de la seguridad, como el uso apropiado de sus atribuciones, así como en técnicas y tácticas especiales para resolver conflictos y extinguir actos de violencia.
Como lo adelantó EL UNIVERSAL, el PRI, PAN, Verde, Panal y parte del PRD votaron a favor del dictamen. En contra votaron una minoría del PRD, PT y MC; incluso presentaron más de 15 reservas al dictamen, todas rechazadas.
Posiciones
Sobre esto, el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que pese a que a muchos consideren “excesivas” las penas, en nuestro país para que se respeten las leyes “deben tener la suficiente dureza y firmeza para que no sigan aconteciendo estos vergonzosos eventos de violencia en los estadios deportivos, que alejan de este deporte a las familias mexicanas”.
El coordinador del PRD, Silvano Aureoles, consideró que la ley queda limitada, debido a que “no es pareja para todos. Hay otros actores que reclutan, que preparan y los lleva, ahí se tiene que aplicar la ley. Tiene que investigarse quiénes son los que están atrás de ello”, comentó.
