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Lamentablemente, tenemos el referente de que prácticamente en 10 años para acá se ha multiplicado la agresión, particularmente física, a las personas que ejercen el periodismo en diferentes entidades federativas del país.
Si bien es cierto, esto no es un fenómeno que en Querétaro se haya presentado con la violencia y la gravedad que se ha presentado en otras latitudes, nos parece fundamental crear un marco jurídico básico que establezca protocolos a partir de los cuales, el estado pueda brindar protección y acompañamiento a las personas que pudieran ver en peligro su integridad física, económica y moral.
Hace incluso un par de semanas, se suscitaron las desafortunadas muertes de dos periodistas prácticamente el mismo día, con cuestión de horas de separación. Me parece que hay una indignación, más que comprensible, dentro del gremio. Creo que están exigiendo que se tomen medidas cautelares suficientes para que esta protección sea mucho más clara. En Querétaro debemos de contar con un marco jurídico mínimo, para que en caso de que se presente una circunstancia de este tipo, sepamos qué es lo que vamos a hacer.
La iniciativa de ley de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos establece la posibilidad de que diversas entidades públicas puedan implementar programas para dotar de seguros de vida a quienes están cubriendo la labor periodística en espacios de gobierno y eso me parece un avance. Además, plantea que la Secretaría de Salud vea la manera de incorporarlos dentro de un esquema de un seguro de salubridad pública.
Sobre la delegación de responsabilidades de las empresas al estado, creo que en la propuesta se plantean dimensiones distintas. Creo que los trabajadores de los medios de comunicación siempre tendrán la oportunidad de recurrir a la autoridad laboral para hacer efectivos sus derechos; pero lo que queremos es que, además, puedan establecérseles políticas públicas que fortalezcan la seguridad.
No vamos a poder intervenir en materia laboral en esta Legislatura. Me parece que la relación laboral de los trabajadores con las empresas tiene que estar regulada por la legislación en la materia, que es de carácter federal; pero me parece que este tipo de ventajas, que ya se están implementado en otros estados, coadyuvan.
El proyecto de ley que nosotros presentamos como tal define a quienes se les debería de considerar como periodistas y es una definición muy amplia, que nos da la posibilidad de considerar como tal a quienes participan en medios de comunicación generando información, y hablamos de todo tipo de medios.
Lo que plantea la iniciativa es la posibilidad de que las entidades públicas puedan generar este tipo de atenciones para fortalecer las condiciones de los trabajadores y que, con toda libertad, quienes ejerzan la labor periodística se acerquen a las áreas de Comunicación Social para que se den de alta y puedan operar las sanciones a quienes no hagan su chamba.
Se establecen protocolos distintos de protección, medidas preventivas y de protección urgentes y se establece la obligación de que gobierno del estado incluya en el presupuesto de egresos una partida especial para poder atender los requerimientos de este marco jurídico.
Me parece que es una ley completa, que avanza. Lamento mucho que alguien la tache de oportunista, yo la considero oportuna. No vamos a buscar pleito con nadie, no ha sido nuestra intención y, en este sentido, ponemos este proyecto a consideración de la sociedad. Vamos a socializarlo y a esperar que, a la brevedad, se presente el proyecto del titular del Ejecutivo, para que de manera conjunta podamos dictaminarlo y sacar lo mejor de los dos.
En el caso de las agresiones, las amenazas no dependen única y exclusivamente de que pudiera estar en riesgo la vida de quién ejecuta la labor informativa, las amenazas pudieran ser distintas, podría haber intimidaciones, coacciones y todo eso lo plantea el proyecto.
Finalmente, es una decisión de los diputados determinar lo conducente en la materia. No hay una sola acción pública que tenga la garantía de gustarle a todos, pero lo que sí puedo decir es que vamos a escuchar a quienes están involucrados en el tema y que, llegado el momento, si la mayoría parlamentaria no lo permite, vamos a buscar participar en un proceso de dictaminación claro, objetivo y serio, para que podamos tener un marco que nos deje mayormente satisfechos a todos.
