Desde el magnicidio de Estado del cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, hace 30 años, van 70 sacerdotes y religiosos asesinados en el país. La mayoría de ellos siguen impunes, como en el caso del cardenal Posadas.
Aunque se sabe de sólo 70 sacerdotes que han sido asesinados en los últimos 30 años, 9 de ellos en lo que va de este gobierno, la cifra negra no es precisa porque los sacerdotes y religiosos no gustan denunciarlo ante las autoridades, pero son muchos más los clérigos perseguidos, amenazados, secuestrados, extorsionados, desaparecidos y asesinados en México.
Al igual que los periodistas, activistas, defensores de los derechos humanos y también los del medio ambiente, las mujeres y las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos, los sacerdotes católicos son ya un sector vulnerable.
El asesinato de dos jesuitas en Chihuahua, la retención de los obispos de Zacatecas y del actual cardenal de Guadalajara, por el crimen organizado, como el reciente atentado contra monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, arzobispo de Durango, quien fue atacado con un cuchillo durante la misa y el triste asesinato del sacerdote Javier García Villafaña de la arquidiócesis de Morelia, en el estado de Michoacán, muestra su indefensión y la impunidad de que gozan sus agresores.
Hombres de paz y de bien que trabajan en la construcción de mejores personas y de la sociedad desde templos, escuelas e infinidad de obras sociales; hombres y mujeres valientes que alertan a la sociedad del severo daño que causan a las familias el consumo de drogas, se han convertido en objetivos de la narco delincuencia para callarlos e infundirles miedo, mediante amenazas, el cobro de piso, el secuestro y la vandalización de templos, como ha venido sucediendo, con la complacencia de las omisas —¿o cómplices?— autoridades.
La contradictoria y utilitaria visión presidencial que aplica todo el peso de la ley a los dirigentes eclesiásticos que promovieron en 2021 el voto católico: el Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes; el Arzobispo Emérito de Guadalajara, Cardenal Juan Sandoval Íñiguez; el Obispo de Cancún-Chetumal, Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas; y los sacerdotes Mario Ángel Flores Ramos, ex rector de la Universidad Pontificia de México (UPM), y Ángel Espinosa de los Monteros, contrasta con el impulso que él y su partido Morena le da al relanzamiento del Partido Encuentro Social —con las mismas o diferentes siglas—, dirigido por pastores evangelistas.
Mientras a los dirigentes católicos les impone elevadas multas, a los evangelistas los invita a ser aliados suyos. Este laicismo mal ente ndido coarta los derechos y libertades de los dirigentes religiosos de cualquier denominación.
La irresponsabilidad de la 4T en el manejo de la pandemia también golpeó severamente a este sector. A enero de 2022, la cifra de obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos mexicanos muertos a causa del Covid fue de 294. Muchos de ellos fallecieron por no recibir atención médica, al carecer de seguridad social y de recursos para pagar los costosísimos tratamientos.
Como hijo de la Iglesia me sumo a la voz de los jóvenes que hace unos días demandaron con un enérgico ¡Ya Basta! el cese de hostilidades contra los miembros de la Iglesia y el justo castigo a sus agresores. Basta de abrazos cómplices con la delincuencia organizada. El camino hacia la paz y la reconciliación pasa por la justicia.
Periodista y maestro
en seguridad nacion
