El principio de austeridad no es algo que caracterice o respete el gobierno encabezado por Francisco Domínguez Servién, señalan los informes de auditoría que ha realizado la ESFE a las cuentas públicas del Ejecutivo estatal entre 2016 y 2018.
De acuerdo con el texto publicado el martes 28 por Fernanda Hurtado, reportera del Centro Universitario de Periodismo de Investigación (CUPI), la Entidad Superior de Fiscalización encontró gastos “adicionales” por 57.9 millones de pesos que no se sujetaron a “los principios de austeridad”, además de adjudicación “indebida” en 33 contratos y 16.6 millones a una misma persona que recibió pagos tanto para “consultoría” y “proyectos de responsabilidad social” del programa “Hombro con Hombro” (2.5 millones), que para “pelotas antiestrés” y “licoreras con asas”.
Otro dato que publica el CUPI corresponde al uso de 67.2 millones de pesos en edificar una estación terminal de Qrobús, sin acreditar previamente los elementos técnicos necesarios para justificar la utilización de recursos en 2017, de acuerdo con el informe.
Al juntar el análisis de tres documentos elaborados y redactados por especialistas en fiscalización, el Ejecutivo estatal acumula un total de 97 observaciones.
Entre las observaciones se encuentran más de 22 millones en contrataciones sin justificación, 16 millones de recursos públicos a proveedores favorecidos cuando “modificaron” bases de licitación, casi 16.7 millones de pesos vía 33 contratos a persona física sin registro en el IMSS.
Los documentos elaborados por la ESFE muestran la falta de escrupulosidad y austeridad en el manejo del recurso público, en los primeros tres años del sexenio.
Por los hechos y las decisiones del Ejecutivo, no los discursos, más el uso del erario desnudado en las observaciones del organismo encargado de fiscalizar, parece que el gobierno estatal no ha comprendido el mensaje de la ciudadanía: no más derroches ni gastos superficiales, menos corrupción, más transparencia y pulcritud en el gasto público.
También valdría la pena recordar, y de paso añadir, el recurso público que ha sido autorizado y se ha ejercido para las áreas (o coordinaciones) y los “servicios de comunicación social”, desde 2016, según documentos oficiales.
En este mismo espacio se ha denunciado el aumento de decenas de millones de pesos en áreas de comunicación, así como los montos para publicidad oficial que ha comprometido el gobierno del estado, según documentos oficiales y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
La preocupación de las autoridades pareciera ir más encaminada a cuestiones de imagen y percepción, en vez de atacar, prevenir y solucionar los pendientes del quehacer público.
Las cifras y los montos precisados al inicio son “una probadita” de lo que usted amable lector, lectora, puede encontrar en el texto publicado en las redes sociodigitales del CUPI a partir del martes 28, por Fernanda Hurtado.
Además de las problemáticas de inseguridad y transporte públicos, sumemos otro aspecto en el que la actual administración no se ha distinguido de anteriores gobiernos: la austeridad en el uso del recurso público.
Anabel Hernández y la lucha contra el terror de la narcopolítica.
La visita de la periodista Anabel Hernández a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) el martes 21 de enero ocasionó un lleno en el Centro Integral de Medios (CIM) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
En un discurso que no sobrepasó 60 minutos, y sus respuestas a las preguntas e inquietudes del público, la periodista de investigación resaltó la importancia de evidenciar el funcionamiento y la complicidad entre autoridades de seguridad, no solo el exsecretario Genaro García Luna, e integrantes del Cártel de Sinaloa y otros grupos del crimen organizado.
El mensaje a la comunidad fue claro: la necesidad de combatir el individualismo y los intentos por distraer a la sociedad, para exigir colectivamente mejores gobiernos y respuestas de los encargados de las decisiones públicas.
Coordinador del CUPI
