Lo que se ideó durante la campaña a la Presidencia en 2018, y terminó por materializarse la medianoche del 2 de julio al calor de unas copas para celebrar el triunfo electoral, hoy luce desdibujado y sin gran injerencia en las decisiones presidenciales. Me refiero al Consejo Asesor Empresarial que anunció oficialmente Andrés Manuel López Obrador el 15 de noviembre de 2018, y que entró en funciones el 1 de diciembre de ese año con la promesa de ser un apoyo para fortalecer la inversión privada.

“Con la convicción de que la inversión privada nacional es uno de los tres pilares que llevarán a México a alcanzar un crecimiento económico de 4%, el próximo Presidente contará con un Consejo Asesor Empresarial que ofrecerá sus puntos de vista y respaldará al nuevo gobierno”, rezaba el comunicado con el anuncio del flamante grupo de ocho empresarios que serían los consejeros de AMLO.

En su mensaje a la nación, días antes de tomar protesta, López Obrador planteó que se requiere mayor crecimiento, en vista de que la economía “es de las que menos ha crecido en el mundo en 30 años, con un promedio de 2%”.

“Los principales bastiones para impulsar la economía serán la inversión pública y privada nacional, así como inversión extranjera, para crecer a 4% y que se genere empleo, bienestar, paz, tranquilidad”, decía AMLO con un semblante y un tono amable, conciliador.

En ese contexto fue que dio a conocer la conformación de su Consejo Asesor Empresarial, integrado por Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, Elektra y Banco Azteca; Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de Grupo Televisa; Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Empresarial Ángeles; Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte, vicepresidente de Gruma y director general de Grupo Hermes; Daniel Chávez, CEO del grupo hotelero Vidanta; Miguel Rincón, dueño de Bio-Pappel; Sergio Gutiérrez, director general de DeAcero, y Miguel Alemán Magnani, presidente ejecutivo de Interjet.

“Van a estar coordinados por el jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo”, explicó, y añadió que se reuniría con ellos cada dos o tres meses, además de que se invitaría a otros empresarios para fortalecer el consejo en pro del progreso de México.

Lo que para entonces se visualizaba como una señal de aliento para la inversión, hoy luce desdibujado, con más oscuros que claros, en medio de la peor crisis económica de los últimos 70 años. La asesoría de los ocho empresarios, con experiencia en los sectores financiero, de telecomunicaciones y radiodifusión, turismo, transporte e industria, no ha servido de mucho. La realidad es que no han sido convocados a las reuniones ni han sido tomados en cuenta, como el resto de los que conforman el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y otras organizaciones.

Por el contrario, el Presidente se ha ensimismado en sus ideologías y prejuicios, sin importar que el país, que hoy más que nunca requiere inversión privada, quede a la deriva por las decisiones erráticas de política pública y un discurso que la mayoría de las veces es poco amigable para inversionistas.

Bien haría en retomar la guía de los empresarios que generan empleo, inversión y crecimiento económico, quienes le tendieron la mano cuando ganó la Presidencia y con quienes se comprometió a trabajar.

Seguir dinamitando esa relación y limitando la inversión mediante barreras regulatorias, impositivas y discursivas, lo único que hace es inclinar más y más el barco en el que viajamos todos y que lleva por nombre la “Cuarta Transformación”.

Minera analiza salir de México

En este espacio abordamos el caso de la minera San Pedro Resources, ubicada en Zacatecas, y encabezada por Alejandro Tello Cisterna, misma que por una decisión judicial está a punto de retirar su inversión en México.

Se trata de un tema que data de 2006 cuando el entonces dueño de la concesión, Javier Martínez Lomas, celebró un contrato en el que se le pagarían 2 mil 500 dólares mensuales o una regalía de 3% de la venta de los minerales extraídos.

La realidad es que la mina nunca produjo nada, y a pesar de que el contrato estaba sujeto a exploración y explotación, la empresa fue demandada y el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón determinó la mínima multa de 23 millones de dólares contra la firma por daños y perjuicios.

La minera ha agotado hasta la última instancia legal para no tener que declararse en bancarrota y cerrar sus operaciones, lo que llevaría a retirar sus inversiones y al desempleo de cientos de familias de la región. Ante esto, la decisión final está en manos del magistrado Francisco Saldaña Arrambide, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito de Torreón, bajo el amparo en revisión 106/2020.

Rechazan amparo de Porter FG

Aunque la firma Porter FG México ha tratado de tumbar la cesión parcial de derechos para la construcción, operación y explotación de una terminal de uso particular especializada en el manejo de fluidos petroleros y no petroleros en la Laguna de Cuyutlán, que la API Manzanillo le otorgó a Logística de Fluidos a Gráneles en 2018, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito de Colima sobreseyó el amparo 604/2019, por lo que quedó sin efectos.

El nuevo veredicto se dio a conocer el pasado 4 de septiembre, luego de que en junio de 2019 se interpuso un recurso de revisión contra la resolución al amparo indirecto 396/2018, el cual también fue sobreseído por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado.

Sobre el caso, la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, determinó que los servidores públicos actuaron conforme al derecho durante el proceso en que se rechazó la solicitud de Porter para obtener la cesión.

Peralta, el fundraiser de Morena

Los servicios de fundraising —captación de recursos— del exsubsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, están siendo requeridos en campañas adelantadas de candidatos a gubernaturas por el país; desde Víctor Castro en Baja California Sur o David Monreal en Zacatecas, hasta Félix Salgado en Guerrero o Layda Sansores para Campeche.

Sin embargo, el vínculo que hasta ahora es el más sólido es el que mantiene con el aspirante a la gubernatura de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien fuera denunciado por recibir financiamiento ilícito del exfiscal general de ese estado, Edgar Veytia, condenado a prisión en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

Los equipos de ambos personajes tienen mucho en común. Basta recordar la respuesta que Juan Antonio Echeagaray Becerra, coordinador de campaña de Navarro en 2018, soltó a los medios locales al enterarse que su candidato era denunciado por financiamiento ilícito: “A chillidos de marrano, oídos de matancero”, prácticamente la misma que hace algunos meses dirigió a esta columna el también exadministrador General de Aduanas.

Además del gusto por los refranes, Echeagaray y Peralta compartirán ahora proyecto para construir una candidatura y, de ser posible, un gobernador; todo operado desde el conocido búnker del exfuncionario de Segob, en el número 910 de la Avenida Palmas.