La violencia que se ha desatado en las últimas semanas ha trastocado sensiblemente la paz social.  Si bien es cierto, la preparación y entrenamiento de los cuerpos de policía, sobre todo en contacto físico, es algo fundamental para mantener el orden y la estabilidad, también lo es que en numerosos casos tales técnicas son usadas inadecuadamente y con violencia excesiva.

El homicidio de George Floyd es un hecho reprobable por donde se quiera ver. Ello ha despertado la indignación mundial y ha desatado la ira de miles de personas. La muerte de esta persona desató el rencor acumulado durante décadas por el racismo que sigue presente en la sociedad.

No obstante que la lucha de los afroamericanos por la igualdad ha sido larga y constante; la realidad es que, muy en el fondo, sigue habiendo un gran sector de la población que mantiene una postura intolerable, basada en dogmas arcaicos de supremacía blanca y “pureza” de sangre. Aunado a ello, la postura intransigente de un gobernante como Donald Trump, quien responde con balas en lugar de palabras, ha intensificado el fuego y la indignación.

Pero, por otro lado, el asesinato de Floyd refleja otra cara de la moneda, una cara que no es exclusiva de Estados Unidos, sino que se presenta en varias partes del mundo, me refiero al abuso policial. Muestra de ello es lo sucedido en Jalisco con el asesinato del joven Giovanni López; escenario lamentable que también ha causado la indignación del pueblo mexicano y que, en un símil con George Floyd, ha desatado manifestaciones violentas en ese Estado y otras latitudes del país (sin importar la contingencia sanitaria).

No obstante, sin tomar en cuenta el entorno mundial, el gobernador de esa entidad, ha mostrado una postura firme y poco comprensiva con los reclamos ciudadanos. Si bien, dicho mandatario fue en su momento aplaudido por afrontar con solidez la situación de la pandemia, ahora su postura enérgica y beligerante ha hecho que las manifestaciones se estén saliendo de control.

Aunado a ello, en su último mensaje de redes sociales informó que sus instituciones de seguridad están “cooptadas” por el crimen organizado, que sus elementos responden a órdenes de otra fuente y que se conducen en forma paralela al gobierno estatal; lo cual no solo es grave sino preocupante.

Eso demuestra que el gobierno ha perdido el control en esa entidad y que los cuerpos de seguridad no están bajo el mando de la autoridad legalmente reconocida, sino de fuerzas externas que tienen otros intereses muy diferentes a defender y proteger a la población, lo que sin duda pone en riesgo la estabilidad de las instituciones.

Si bien, el abuso policial es reprobable, también lo es que no podemos caer en el extremo omisivo del gobierno de la Ciudad de México, donde bajo la justificación de respetar la libertad de expresión, las autoridades han permitido el abuso de grupos anarquistas que han violentado a la población y los establecimientos.

En este sentido, lo que demuestran estas realidades es que la forma de gobernar y como el Estado debe mantener el orden público, ya no se conduce bajo los cánones del siglo pasado de “el fin justifica los medios”, sino que ahora debe ejecutarse dentro de parámetros estrictos de legalidad y respeto a los derechos humanos, encontrando un punto medio entre el orden y la tolerancia.

Detalles que, de ahora en adelante, todo gobernante debe entender y considerar al momento de tomar de decisiones, ya que la línea entre el autoritarismo y el libertinaje es tan delgada, que muchas veces se pierde en el horizonte y cuyas consecuencias, en ambos casos, pueden ser desastrosas.

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