Hasta el momento no hemos visto ninguna nación que cuente con la infraestructura hospitalaria suficiente para enfrentar a la pandemia del Covid-19 y México no es la excepción. De acuerdo con un reporte de Integralia Consultores, el número de camas de hospitales públicos y privados en el país es de 184 mil 112, de las cuales 4 mil 291 son de terapia intensiva. Es decir que hay 1.4 camas por cada mil habitantes.
El promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 4.7 camas por mil habitantes; Estados Unidos tiene 2.8; Canadá 2.5; España 3.0; Italia 3.2 y aún así fueron países que padecieron o están padeciendo los embates de este virus.
El gobierno federal estima que después del 18 de abril se dará el pico de infecciones, se calcula que haya más de 250 mil personas contagiadas y de ellas 10 mil 528 requerirán terapia intensiva. Si eso sucede, el servicio médico colapsaría.
La única salida urgente, inmediata e imperante para detener el virus es quedarse en casa. Una tarea en la que todos los niveles de gobierno y la sociedad debemos cooperar. Unidos detenemos el virus.
Sin duda, este impacto en la salud trajo consigo estancamiento económico, pues la gente dejó de salir y, por ende, dejó de consumir. Lo que ha provocado el cierre de las empresas a las que les fue imposible mantener la nómina de sus empleados, créditos, gastos fijos o seguir cumpliendo con obligaciones fiscales.
Hasta ayer —2 de abril—, el gobierno federal, quien es el mayor recaudador de impuestos y quien tiene la posibilidad de brindar soluciones, incentivos o prórrogas no ha salido ha dar certidumbre a las familias mexicanas ni a las empresas ni a los inversionistas, ni siquiera a apoyar a los estados otorgándoles recursos extras para enfrentar esta crisis.
Ante esta falta de empatía por parte del gobierno federal y previendo los daños colaterales de la pandemia, en Querétaro el gobierno, encabezado por Francisco Domínguez Servién, actuó adelantándose a la situación que se avecinaba.
Ejemplo de ello fue que Querétaro instauró un Comité de Asesoramiento el 14 de marzo. El gobierno federal instaló su Consejo de Salubridad el 19 de marzo.
El mismo 14 de marzo, Francisco Domínguez suspendió los eventos masivos del gobierno y eventos donde hubiera altas concentraciones de ciudadanos como ferias y conciertos. En cambio, el gobierno federal lo hizo hasta el 25 de marzo.
Por otro lado, el gobierno federal llamó a suspender clases para educación básica, media superior y superior hasta el 20 de marzo. Pero el gobierno de Querétaro pidió que se suspendieran desde el 18 de marzo.
El 22 de marzo el gobierno de Querétaro anunció la reconversión del Hospital General para la atención de los pacientes con Covid-19. El 30 de marzo quedó listo el nosocomio y el 31 de marzo se comenzaron las adaptaciones en los hospitales de San Juan del Río, Cadereyta y Jalpan.
Hasta el miércoles —1 de abril—, el gobierno federal en su conferencia vespertina dijo que estaban “analizando qué hospitales designarían a la reconversión”, pero que aún no estaba definido.
Pero si esto fuera poco, el 28 de marzo llegaron insumos médicos al estado: mascarillas, guantes, trajes de seguridad, equipo para que los médicos y enfermeros de Querétaro puedan trabajar. Además el 1 de abril se anunció la adquisición de 12 cápsulas para trasladar y movilizar a los pacientes con Covid-19; mientras el gobierno federal “aún está en proceso de hacer adjudicaciones directas” para adquirir insumos. ¿Qué están esperando para actuar?
Hay países que por no tomar las precauciones a tiempo ni contar con la infraestructura suficiente, ni tener los recursos económicos necesarios, hoy están dejando morir a los enfermos de Covid-19 en la calle, como es el caso de Ecuador.
Las familias mexicanas, los empresarios, los emprendedores, empleados y empleadores urgen soluciones y esperamos que este domingo, después de escuchar al Presidente de México, podamos sobrellevar esta situación con mucha más tranquilidad y certidumbre, porque solo Unidos Detenemos el virus.
