Ayer se conmemoró un año más del Día Mundial contra la No Discriminación. Si bien, este es un tema que ha sido ampliamente discutido por la sociedad, desde muchas aristas y posturas; la realidad es que en la vida diaria aún quedan muchos obstáculos que superar, y me parece que en ello los Gobiernos de los tres niveles tienen una gran responsabilidad.

La discriminación es una actitud contraria al principio de igualdad que vulnera la dignidad humana. Tiene que ver con hacer distinciones sin sustento o justificación que tienen que ver con la raza, el color de piel, las preferencias, el sexo, la religión, el género, la posición socioeconómica y muchos otros aspectos que carecen de una base objetiva y razonable.

Grandes masacres en la humanidad se han suscitado a la luz de la discriminación, como el holocausto al pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, o el genocidio de Ruanda. Sucesos que en ninguna circunstancia deben repetirse. Y aunque en el plano del derecho se han emitido varios ordenamientos para acabar con este tipo de prácticas, incluso de nivel internacional, aun persisten los vicios de intolerancia e indiferencia.

Uno de los sectores más vulnerables ha sido, sin lugar a duda las mujeres. Pues la mala idea del “sexo débil” ha potencializado la misoginia y el machismo, reduciendo la posición de la mujer a un segundo plano y, en ocasiones, a ser consideradas como objetos sexuales.

Eso es algo que debe terminar y para ello, es indispensable impulsar acciones afirmativas. Acciones que muchas veces son cuestionadas por disruptivas, dado que trastocan la noción de realidad que ha sostenido la sociedad, pero que en el fondo son necesarias para cambiar la percepción de la población e implantar nuevos parámetros.

Algo similar ahora sucede con el reconocimiento de la capacidad jurídica para personas con discapacidades físicas. Durante largos años, se ha considerado, incluso por el máximo tribunal de nuestro país y por renombrados doctrinarios del derecho, que las personas con discapacidades carecen de “capacidad jurídica”, esto es, de la posibilidad de contratar y ejercitar directamente sus derechos ante las autoridades; sin embargo, ello son creencias anticuadas que restan importancia a estos importantes sectores de la sociedad y que, afortunadamente, ya están siendo materia de debate y de cambios en los paradigmas.

Asimismo, los miembros de la comunidad LGBT+ son un sector que también ha sido duramente discriminado, recibiendo insultos e improperios en su perjuicio, cerrándoles la puerta a una vida tranquila y de acceso libre al ejercicio de sus derechos.

Así, la brecha entre el deber ser que establecen las normas y lo que en la realidad sucede es enorme.

Por ello, es responsabilidad de los Gobiernos, en los tres órdenes, el impulsar acciones afirmativas y políticas públicas que generen un piso parejo a todos estos sectores; un piso en que todas las voces y todas las opiniones confluyan en un halo de respeto y dignidad; ahí es donde falta mucho por trabajar.

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