El pasado jueves, el Parlamento Europeo emitió la resolución sobre la situación de los periodistas y defensores de derechos humanos en México, en la que concluye: “desde hace mucho tiempo es el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”. La repentina observación de los europarlamentarios coincide con el actual debate en el Congreso de la Unión en el que se discute la reforma eléctrica, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, concurre también, con el curso de la inadmisible guerra en Ucrania que renueva la controversia sobre el papel estratégico de los combustibles fósiles.

Resulta interesante la presión que hoy ejerce el Parlamento Europeo sobre López Obrador, mediante una resolución obtenida a través del cabildeo de eurodiputados como Leopoldo López Gil, empresario, activista y político venezolano nacionalizado español, que resultó elegido como diputado del Parlamento Europeo por España en las elecciones de 2019, dentro de la lista del Partido Popular. Y, del europarlamentario Hermann Tertsch, de la formación política del partido ultraderechista Vox, defensor acérrimo de Iberdrola.

La preocupación declarada en la resolución es sesgada. Utiliza una narrativa en la que se depositan problemas y acciones desplegados en diferentes sexenios —frente a los que, en varias ocasiones, el Parlamento Europeo actuó de manera omisa—, para concluir responsabilizando al actual gobierno. Al mismo tiempo que no distingue entre el riesgo que corren los periodistas de a pie, de quienes encabezan el periodismo de élite, con todas las consecuencias que esto supone. Más allá de que el gobierno está obligado a garantizar la integridad de todos los periodistas.

Un relato de este tipo configura un argumento falaz dirigido a confundir a la opinión pública y desviar la atención de los intereses creados en torno al modo en que históricamente ha operado la corrupción y la intervención de empresas trasnacionales que, en colusión con delincuentes de cuello blanco, participan a través de sus gerentes locales y sus sicarios a sueldo para silenciar a periodistas y defensores de derechos humanos que se oponen a los intereses del gran capital.

La resolución emitida por la Eurocámara levantó una polvareda espectacular en la opinión pública local y global. Pero, también permitió evidenciar que la presión ejercida busca frenar la reforma eléctrica promovida por el ejecutivo federal, cuyo contenido elimina los privilegios otorgados a empresas trasnacionales en sexenios anteriores.

Por último, la guerra en Ucrania mostró que los combustibles fósiles continúan siendo estratégicos en la configuración del nuevo orden económico mundial. En este marco, la apuesta del gobierno mexicano por la autosuficiencia energética resulta escandalosa para las grandes potencias. Sobre todo, a la luz de los resultados obtenidos por la actual administración. Mientras los precios de las gasolinas y las tarifas eléctricas se disparan en Estados Unidos y en la Unión Europea, en México se mantienen estables.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale