Un recurso para obtener legitimidad en países cuyos sistemas administrativos carecen de credibilidad es pedir apoyo a organismos internacionales. Todos lo hacen. Los gobiernos anteriores pedían a la OCDE su aval hasta para confeccionar el menú del desayuno. El gobierno de AMLO ha firmado un convenio con la Oficina de Servicios y proyectos (UNOPS) para que, mediante una comisión del 1.25%, resuelva la compra de medicamentos. Es una solución que abre la posibilidad de que las licitaciones se abran y ya no dependerán del fallido sistema centralizado con el que iniciamos la administración. Es una salida creativa a un tema acuciante y una posibilidad real de adecentar un sistema de compras tradicionalmente tenebroso. Veremos.
Es interesante es el método. Cada vez más dependencias internacionales hacen funciones clave. La ACNUR nos auxilia para paliar las debilidades institucionales de la COMAR y Migración. CEPAL nos ayudó con el Plan para Centroamérica. Si la anticorrupción es tan importante, como lo proclama todos los días el Presidente, tal vez podría revestir de legitimidad todo su esfuerzo e irse de plano a la opción CICIG para reemplazar la Función Pública y a la Fiscalía especializada. Como es sabido, es el mecanismo internacional creado en Guatemala para combatir la corrupción. Si las funciones que hoy tiene la SFP pasaran a una instancia así, el gobierno ganaría en la estrategia completa la credibilidad que ahora recibe por la compra de medicamentos. Pagaríamos una comisión y subcontrataríamos a funcionarios internacionales para que hagan lo que no hemos podido hacer. Ya puestos, también podríamos pedir a la UNESCO que asumiera la tutela de nuestro patrimonio histórico cultural y así evitar su deterioro. Lo mismo sugeriría para nuestros bosques y selvas. Una tutela internacional nos evitaría esa deriva institucional a la que SEMARNAT ha sido sometida. Sería palpitante ver que un funcionario internacional le dijese al gobierno que moderara sus emisiones o que el Tren Maya es un riesgo ambiental.
Una intervención internacional es el reconocimiento de una debilidad. La idea es que en el más breve plazo el Estado asistido desarrolle capacidades para resolver sus problemas. El mexicano tiene una debilidad estructural para cumplir sus funciones. La reforma administrativa sigue pendiente en muchas áreas. El Presidente se lamentaba, por ejemplo, de que la Coca Cola se distribuya en todo el país y eso no pueda ocurrir con los medicamentos. El gobierno descubre el agua tibia. Los mercados funcionan y desarrollan su capilaridad de forma eficiente. A la gente le gusta el refresco aunque al Presidente, a López Gatell y a mí nos parezca una mala idea esa adicción nacional al refresco y las golosinas. Consumimos hasta en el metro. Los mercados son eficientes y coordinan oferta y demanda porque la gente quiere gastar su dinero en eso. ¿Es un pecado? Nuestro muy virtuoso pueblo resultó cocacolero; nadie es perfecto. La gente está dispuesta a gastar lo poco que tiene en un refresco que los iguala a los neoyorquinos, les da energía y les gusta y no en un hipotético pozol que cada vez es más difícil encontrar. El estado mexicano, por su parte, no puede distribuir cartas ni proveer seguridad pública y debe recomponerse si quiere esa eficiencia. Ahora le ha pedido al diligente David León que resuelva eso. Ya veremos. Por cierto, espero que Protección Civil, que ha costado treinta años edificar, no se la encomiende a uno de esos “ineptos honrados” o a uno de esos comisarios políticos que intentaran convencernos de que los huracanes eran neoliberales y los terremotos fuerzas conservadoras. Tampoco creo que sea oportuno militarizarla. Profesionalizar la administración pública debe ser la prioridad. Mientras tanto que nos ayude el mundo.
Felicidades a todo el equipo Directivo de esta casa por esta renovación que a todos nos alienta.
