Un salvavidas para un naufragio económico

25/10/2019
05:47
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En términos generales, el Producto Interno Bruto es el indicador que permite medir el valor de crecimiento de la economía en un país. Se compone principalmente de tres sectores, donde la industria de la construcción está en el segundo de ellos, representando casi el 10% de la producción nacional en México.

Dicha actividad se desarrolla tanto en el ámbito público como privado, teniendo la inversión pública una gran preponderancia en su ejecución, como un mecanismo de empuje para el desarrollo nacional.

En términos de los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro país mantiene un modelo de economía mixta, donde la intervención del Estado en las áreas estratégicas sigue siendo predominante, y la empresa pública, especialmente en los sectores petrolero y energético, sigue conservando el control de los factores de producción.

En este sentido, una de las formas para lograr el impulso a la economía nacional, es mediante la inversión pública y la contratación de obra, a través de mecanismos de contratación como la licitación pública o la invitación restringida; permitiendo el flujo de capitales y que el gobierno cumpla dos funciones en un solo momento: desarrollar e impulsar.

No obstante, la política de distribución del gasto público que ha implementado la 4T no ha cumplido con tales estándares, por lo menos en lo que respecta al sector de la construcción.

Hasta este momento, se mantiene una caída a nivel nacional de más del 50% sobre el valor de la construcción, esto es, 5 de cada 10 proyectos están detenidos o, de plano, cancelados.

En gran parte, esta retención se debe a la concentración del gasto público y al lento flujo de inversión hacía el sector privado, sin dejar de lado que los grandes proyectos del gobierno federal, como el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, Tabasco, las ejecutarán por administración directa; sin dejar de mencionar la recesión mundial que ha impactado drásticamente en la producción y el crecimiento económico.

No obstante, en el Congreso de Querétaro estamos impulsando reformas para agilizar y promover la contratación de obra pública, mediante un instrumento que facilitará la inscripción de los contratistas en los procesos de licitación.

Es una iniciativa que presenté junto con mi compañero Luís Gerardo Ángeles, cuyo contenido es corto pero sus alcances son muchos, donde se modifican los artículos 20 y 26 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, para dinamizar y agilizar los procedimientos de contratación, al exigir un solo registro para hacer obra pública en todo el Estado.

Sin duda, ello presentará un avance importante en la mejora regulatoria que nos permite tener un mayor optimismo para el sector de la construcción, pues aunque el panorama sea incierto, lo importante es estar preparados para lo que se avecina, ya que si bien no podemos evitar el golpe… sí podemos disminuir sus efectos.

 

Diputada local del PRI @AbigailArredondoRamos

 

 

 

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