En estos días se aprobó en lo general y en lo particular el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021. Su relevancia es mayor, pues además que determina el gasto público en lo federal, es a partir de éste que se conoce con exactitud cuanto le corresponde recibir a los gobiernos locales por conceptos como las aportaciones y participaciones federales, de las cuales dependen en su mayoría.

El presupuesto para el año siguiente no refleja nada bueno: austeridad absoluta, recortes drásticos en la estructura de gobierno y disminución importante en programas sociales.

Como se había vaticinado, se trata de un documento que refleja la dura situación por la que estamos atravesando como país. Un presupuesto austero, con fuertes recortes, pero sobre todo, con una tendencia a concentrar la disposición del erario en el Poder Ejecutivo Federal.

Y es que algo que no puede presumir este gobierno es de transparencia, pues cada vez apunta más a concentrar los recursos en unos cuantos programas y, sobre todo, en el sector central, sin reglas claras de operación o distribución, lo que le permite tener un amplio margen de maniobra sin mayor vigilancia.

La desaparición de los fideicomisos y de los fondos para atender situaciones emergentes, como el Fonden o el de la Salud, muestran su verdadera tendencia a que sea la Secretaría de Hacienda quien administre todos los recursos de la hacienda pública. Todo bajo una falsa justificación: evitar corrupción y agilizar los procedimientos.

Asimismo, para rematar, el presupuesto contempla la desaparición del Fortaseg, el cual había contribuido a dotar de equipo y recursos año con año a las policías municipales y estatales. En su lugar, los ingresos se destinarán a la guardia nacional, misma que si bien será la encargada de procurar la justicia en lo macro, se está dejando de lado la intervención de las instituciones de seguridad en lo micro, lo que sin duda vendrá a mermar aun más la inseguridad en varias regiones del país.

En este sentido, con una desaceleración evidente y un nulo crecimiento, estamos ante un panorama incierto y sombrío, donde la economía se contraerá 7.4%, provocando una reducción de 287 mil 700 millones de pesos en los ingresos presupuestados.
En otras palabras, se tendrá mucho menor recurso para atender las necesidades básicas del gobierno y de la población.

Frente a ello, el reto que enfrenta ahora el gobierno es enorme, pues además que debe considerar los gastos que representa la atención de la pandemia por Covid-19 y la necesidad de adquirir los instrumentos, vacunas y materiales necesarios para su mitigación, estamos en la antesala de uno de los procesos electorales más grandes de la historia, con un entorno económico y político adverso.

De suerte tal que el panorama no es nada alentador y lamentablemente son los sectores más desfavorecidos quienes resultarán los más afectados, pues al final quienes terminarán perdiendo con los recortes serán, como siempre, las y los ciudadanos. Lamentable.