El Tribunal Superior de Justicia, en un desplegado publicado el pasado 26 de abril, tuvo inusitada manifestación pública al compartir su postura institucional acerca del anteproyecto del Código de Procedimientos Penales (rebautizado como Ley de Justicia Penal) que elaboró la Comisión para la Implementación de la Reforma Penal y la Modernización de la Justicia del estado de Querétaro, cuyo cometido es regular el sistema procesal acusatorio–oral, de acuerdo con la obligación constitucional que tienen las entidades federativas para establecer el nuevo modelo de justicia a más tardar en junio del 2016.

Los integrantes del Poder Judicial dan cuenta de la evaluación que hicieron al texto de la propuesta normativa y las deficiencias que observaron: refieren una incorrecta escritura y deficiencias en la estructura del lenguaje; cuestiones esenciales relacionadas con los derechos fundamentales, lagunas y antinomias legales, así como la evidente necesidad de construir la exposición de motivos que por alguna razón no tiene el anteproyecto. Inconsistencias y errores de necesaria corrección.

El 24 de junio del 2010 se instaló por primera ocasión la mencionada Comisión.

Desde entonces, cada en cuando hay noticia de capacitación a servidores públicos o eventos oficiales relacionados con la esperada legislación procesal, pero -hasta ahora- no se había publicado el avance en trascendental tema, ni mucho menos que algún trabajo tuviera un cuestionamiento tan severo como el redactado en el desplegado.

Que los propios magistrados y jueces “competentes en procesos de materia penal” (como dice el comunicado), den ejemplo público de su compromiso y responsabilidad social, muestra porque Querétaro ha destacado por su calidad de Justicia.

Pero también, significa que el talento jurídico de mayor renombre en la entidad, por su experiencia y conocimiento especializado, considera necesario llamar la atención de los integrantes de la Comisión y de la LVII Legislatura, para que revisen un trabajo que, de aprobarse así, sería el principio de una debacle de la justicia penal queretana.

Si bien, la observación debe motivar a la sociedad en general a poner mayor atención en la construcción de una norma de interés común; también es cierto que el mandato constitucional de 2008, ha sido atendido con demasiada lentitud en una veintena de estados (entre ellos el nuestro), al transcurrir ya casi cinco años sin resultados tangibles, lo que motivó a que el Senado de la República optará por una estrategia de apremio.

Se trata de la reforma al artículo 73 de la Constitución, que otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia procesal penal, mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en el ámbito federal y de los estados, acompañada de la propuesta de código procesal único avalada por todo el frente político partidista y el sector ciudadano interesado en el tema, que puede estar vigente el próximo septiembre.

La noticia alivia el apuro; pero, lo que no puede hacer el legislador federal es implementar el sistema (acción de poner en funcionamiento algo), pues localmente requiere: voluntad, conocimiento, gestión, entre otras cualidades que armonicen el trabajo de instituciones y personas y sensibilidad para entender las cuestiones de la justicia en el cada día.

De la visión y trabajo de los responsables depende el buen o mal funcionamiento del sistema; porque ahora, con una legislación única en el país, irremediablemente provocará comparaciones y con ella el trascendental juicio a su labor.

Este es el sentido de la advertencia de nuestros jueces: cuidado con tomar a la ligera la justicia en Querétaro, ya que es el soporte de la paz y prosperidad, legado histórico que muchos presumimos.

Especialista en seguridad y ex procurador General de Justicia de Querétaro