La visita que hizo en días pasados el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla tiene un significado profundo, por su dimensión simbólica y por lo que puede implicar para la vida de cientos de mujeres que están privadas de su libertad.

No es frecuente que servidores públicos de ese nivel se preocupen por lo que sucede adentro de los centros de reclusión. Pero, además, Zaldívar acudió acompañado de su equipo de trabajo y del director de la Defensoría Pública Federal, a quien se le encargó dar seguimiento a la situación de algunas internas cuyos procesos penales presentan claras irregularidades.

Sería bueno que a esa visita del ministro presidente siguieran otras del resto de integrantes del Pleno de la Suprema Corte, de los consejeros de la Judicatura Federal, de diputados y senadores, de Magistrados e incluso de los medios de comunicación, para darse cuenta de la cruel realidad que se vive en las cárceles mexicanas. Y estaría bien que esas visitas no solamente se hagan a reclusorios como el de Santa Martha, que se ha llegado a calificar como “la joya de la corona” del sistema penitenciario de la capital de la República, sino a otros en los que las condiciones de vida son absolutamente peores.

Saliendo de su visita, el ministro Zaldívar hizo nuevamente un llamado para que se revise el modelo de la prisión preventiva en México, que es la medida privativa de la libertad que se decreta para quienes ―siendo aún inocentes― se enfrentan a un proceso penal.

Según algunas estimaciones, el 42% de los presos en México no han recibido una sentencia que diga que son culpables de haber cometido un delito: están presos mientras se les sigue el proceso penal correspondiente, lo cual es inaceptable.

En Tlaxcala ese porcentaje es del 71%, en Jalisco del 63%, en Michoacán del 61%, en Veracruz del 58% y así por el estilo.

Las cárceles mexicanas han sido abandonadas por los gobiernos recientes. A los políticos no les interesa lo que ahí sucede. La sociedad cierra los ojos ante los muchos abusos que existen. Las familias de los presos pagan un precio altísimo para poder ayudarles y mantenerse en contacto. Los medios de comunicación se interesan solamente cuando hay motines o presos muertos y el resultado de todo ello es un lamentable fracaso.

Ojalá aprovechemos el gesto de Zaldívar para dirigir nuestra mirada hacia esos espacios salvajes, propicios a todo tipo de extorsiones y semilleros de delincuencia, que son nuestras cárceles. Por ellas pasan cada año miles de personas y familias. De su correcto funcionamiento depende la seguridad de todos.

Abogado constitucionalista

Google News