Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que el Gobierno de la República había alcanzado un acuerdo con los sectores productivos representados por líderes sindicales y empresariales, para poner fin al esquema de outsourcing que durante muchos años sirvió a administraciones pasadas, como herramienta para acuerdos poco transparentes y como fuente de prácticas corruptas.
Como bien explicó el Presidente y para nadie es un secreto, durante el régimen neoliberal las gobiernos federal y estatales, convirtieron en (pésima) costumbre la realización de contratos con empresas privadas que otorgaban diversos servicios a las instancias públicas, en detrimento, tanto de los derechos laborales de las personas contratadas, como del presupuesto de las instituciones, en una red de corrupción en la que, finalmente, el gran perdedor era el país.
Sin duda, llevará tiempo desmantelar las estructuras formadas alrededor de dichos acuerdos opacos y de conveniencia para unos cuantos, pero el primer paso, el que tiene que ver con la disposición de las partes involucradas, ya está dado y toca ahora al Poder Legislativo hacer su parte para asegurar que se siga avanzando en la construcción del nuevo México que la Cuarta Transformación busca cimentar, de tal forma que sea imposible volver al pasado que permitió que se dañara a ese nivel la vida pública del país.
Y por supuesto que en el anuncio del citado acuerdo, cobra vital importancia la participación y ratificación de la misma que hacen los líderes empresariales nacionales, quienes, estoy convencido, al igual que quienes impulsamos la transformación desde la actividad política, desean que México y su gente estén bien, mejoren sus condiciones de vida y dejen atrás las prácticas que son nocivas para la gran mayoría de quienes practican la actividad empresarial, porque beneficiaban a un muy pequeño sector de oportunistas que se hicieron (y hacen) pasar por empresarios, pero que dejaban de lado los valores éticos que implica el noble acto de emprender y crear fuentes de empleo arriesgando el patrimonio.
Con este acuerdo, se ratifica lo que desde este espacio hemos dicho y reiterado constantemente, respecto a la visión de desarrollo incluyente con la que las y los buenos empresarios de Querétaro y de todo el país, invierten para realmente mejorar el tejido social y el entorno, llegando en ocasiones, incluso, a financiar la recuperación de las consecuencias de políticas públicas mal aplicadas por gobernantes que no entendían el valor de la empresa como colaborador estratégico de los gobiernos y, por el contrario, pretendían someterlos a un yugo determinado por la injerencia oficial en la expedición de permisos para emprender y otros frenos a la actividad productiva.
Y es que hay que repetirlo: el trabajo y la participación del sector empresarial es esencial para lograr cualquier transformación que se requiera, tanto en Querétaro como en México, porque la dinámica productiva que garantiza y la apertura de fuentes de empleo, son factores vitales para lograr la estabilidad social que requerimos, como estado y nación, para avanzar.
