Tren Maya, manipulación legal | Querétaro

Tren Maya, manipulación legal

Gustavo Mendoza Ávila

Nunca, en la historia de México, ha habido un presidente que viole la Constitución y las leyes con la flagrancia de López Obrador. Él, que en su toma de posesión como presidente de la República protestó cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de ella emanen, es quien las quebranta impunemente, para cumplir sus caprichos personales.

La construcción de sus obras emblemáticas: el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, han sido una constante en el incumplimiento de requisitos ineludibles como la Manifestación de Impacto Ambiental, de viabilidad o proyectos maestros.

En su desesperación se ha valido de argucias legaloides como el “catálogo de instalaciones estratégicas necesarias para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”, en el que incluyó a las instalaciones militares y así liberó al AIFA de los 147 amparos que frenaban la obra por el incumplimiento de leyes; o el decreto de finales de 2021, por el que declara a todos los megaproyectos del su gobierno como de “seguridad nacional”, a pesar de que ninguno de ellos cabe en los supuestos de los artículos 3 y 5 de la ley normativa; o la imposición de la veda informativa para mantener la opacidad de su gobierno; o la declaración que hacen la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad Ciudadana, a nombre del Consejo de Seguridad, de las vías férreas como de “seguridad nacional”, como si con éstas pudieran disuadir una invasión extranjera o garantizar la defensa del país ante una guerra.

AMLO no ha respetado los 5 amparos (uno definitivo y 4 provisionales) que protegen al tramo 5 del Tren Maya de la destrucción ecológica que implica la tala de millones de árboles, con lo que se hace acreedor a sanciones como la destitución, inhabilitación y la cárcel.

Dentro de su manipulación legal el presidente, con el apoyo del Consejo de la Judicatura Federal, ha promovido la persecución política y judicial de jueces que se atreven a recibir solicitudes de amparo, lo que ha significado que cada vez sean menos quienes garantizan los derechos ciudadanos ante los abusos de las autoridades; o bien que burocrática -e indebidamente- retrasen por meses la respuesta, para no ser perseguidos, convirtiéndose en cómplices del gobierno.
Además del daño ecológico, se perfilan daños al patrimonio cultural de la nación a través del INAH que, dice, garantizará en semanas el debido rescate y preservación de las más de 24 mil estructuras arqueológicas existentes, cuando les llevaría años desenterrar, almacenar y estudiar los más de 500 mil vestigios arqueológicos encontrados. Además de que no cuenta con espacios suficientes para resguardar o exhibir dichos descubrimientos.

Quienes promovieron los amparos no se oponen a la construcción del Tren Maya, sino al incumplimiento y violación de las leyes aplicables y al trayecto de la obra, por el flagrante daño que se hace a la ecología y al patrimonio cultural de la nacional, al no preservar los 58 espacios paleontológicos y de arqueología subacuática que se encuentran en ese tramo.
Resulta preocupante que sea el propio AMLO quien atente contra el Estado de Derecho que protestó defender; y su flagrante manera de violar el dicho juarista: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Aunque el verdadero auto retrato de López Obrador lo encontramos en su frase “No me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.   

 

Periodista y maestro 
en seguridad nacional 

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