Se ha vuelto lugar común que todo el que quiere ser candidato a ocupar algún puesto de elección popular o siendo ya servidor público, tratando de aparentar honestidad y limpieza en su conducta, se llene la boca hablando de transparencia y rendición de cuentas. Todos sin excepción presumen de ser los ser más humildes, honestos y sacrificados que hayan puesto los pies sobre la tierra. Sin embargo, ya en el poder, tan pronto como tienen oportunidad de hacer uso de los bienes o recursos que administran, calculadamente lo hacen en su beneficio personal, de su familia o de sus más allegados colaboradores o amigos.

La adición al artículo sexto de la Constitución Política, en el sentido de que el derecho a la información será garantizado por el Estado, se produjo luego de la iniciativa presidencial presentada el 5 de octubre de 1977, promulgada 25 años después y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002 y del reglamento de esta, publicado en el Diario Oficial en junio de 2003, que permiten al ciudadano tener acceso a la información de los órganos públicos para confiar en sus instituciones de gobierno. En Querétaro, la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental entró en vigor en abril del 2003.

En México por leyes no paramos. En junio pasado el Congreso de la Unión aprobó el paquete que expide las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, así como la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con las que se pretende establecer los esquemas de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción de servidores públicos.

Pero si bien es cierto que algunos ex funcionarios han sido sancionados por cometer actos de corrupción, en el fondo no pasa nada, son casos aislados que no han ido más allá de inhabilitaciones promovidas más por revanchismo político entre partidos contrarios que por aplicar la ley para acabar con la corrupción. Así tenemos los escandalosos casos de los ejecutivos de la compañía OHL que acordaban supuestos aumentos de peaje en autopistas del Estado de México, que involucra a funcionarios muy cercamos al gobernador Eruviel Ávila, a cambio de pagar las vacaciones de un funcionario estatal, así como el pago de sobornos a magistrados para que se frenaran las investigaciones por un sobrecosto en una construcción vial.

Los casos de corrupción en el gobierno de Guillermo Padrés, en Sonora, donde se señala una deuda de 30 mil millones de pesos; de César Duarte en Veracruz, que endeuda al estado con 39 mil millones de pesos, para dejarlo en 42 mil millones de deuda; el caso de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, acusado de delitos de lavado de dinero y de supuestos nexos con el crimen organizado; de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, que dejó una deuda estatal superior a los 36 mil millones de pesos, y entre otros muchos, la entrega de contratos millonarios del ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, a cambio de “moches” y el manejo de recursos sin comprobar de Pedro Pablo de Antuñano, operador de Ricardo Monreal.

En Querétaro, según el contralor Alejandro López Franco, se investiga a más de 200 ex funcionarios de la administración pasada: 32 de ellos serán sancionados por irregularidades durante su desempeño, 25 de niveles inferiores y 7 de primer nivel. Y excepto la inhabilitación, seguramente por razones políticas, del ex alcalde de San Juan del Río, ninguna acción legal se promueve contra el resto de los ex presidentes municipales del estado que dejaron sus ayuntamientos con las arcas vacías. ¿Para qué tanto brinco y tantas leyes?

Dirigente estatal del Movimiento Antorcha Campesina.

@jggrave