El país está pasando por su peor crisis de derechos humanos de los últimos años. Con pocas semanas de diferencia, dos diferentes instancias encargadas de proteger a la ciudadanía, el ejército y policías municipales, perpetraron vejaciones y actos violatorios de los derechos humanos en contra de ella. En el primer caso, el Ejército mexicano está acusado de haber realizado ejecuciones extrajudiciales de por lo menos 15 personas en la comunidad de Tlatlaya, Estado de México. En el segundo, las policías municipales de Iguala y Cocula están acusadas de haber participado en el asesinato de 6 personas y en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero.
El primero de estos casos ya ha sido motivo de una investigación y de un primer informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este informe, dado a conocer el 21 de octubre, concluye que “los elementos del 102 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional violaron el derecho a la vida”. Más aun, según el informe, “esta violación se agrava debido a que las privaciones arbitrarias de la vida se efectuaron de una forma deliberada según lo relatan las víctimas, esto es, sin existir justificación de por medio y de forma intencional. Además, debe valorarse la vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas, quienes se habían rendido, y quienes pudieron presenciar cómo se le daba muerte a algunos de sus compañeros, antes de ellos mismos perder la vida.”
Para terminar: “Esta Comisión Nacional no puede dejar de señalar la especial gravedad que reviste el presente caso, toda vez que tres de las víctimas de los hechos violentos son adolescentes (…). En este sentido, la conducta de la autoridad responsable no solamente viola el derecho a la vida, sino numerosos instrumentos internacionales (…) que hacen recaer en el Estado el deber de adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de los niños y adolescentes bajo su jurisdicción.”
El 22 de octubre, es decir, al día siguiente de la presentación del reporte de la CNDH, en un acto relativamente inusual, el Presidente sostuvo un acto público con los altos mandos del Ejército. La justificación de dicha reunión era, por decir lo menos, poco convencional. Se trataba ni más ni menos que de la apertura de una sucursal del banco Banjercito en Apatizngán, Michoacán. Allí, el Presidente realizó un encendido elogio de nuestras fuerzas armadas:
“Al señor director general de Banjercito, a quien agradezco su mensaje, que hace un momento nos ha obsequiado y que, sin duda, deja acreditado cómo nuestro Ejército mexicano, nuestras Fuerzas Armadas son leales y entregadas a las mejores causas de nuestro país.
Son sostén importante de las instituciones democráticas de nuestro país. Y han venido trabajando, precisamente, para apoyar las labores del Estado mexicano en favor de los mexicanos en distintos ámbitos.
Y, por eso, hoy, como Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, me da este espacio ocasión para dejar aquí testimonio fiel de gratitud, de reconocimiento y de orgullo que tenemos los mexicanos de contar con Fuerzas Armadas leales y entregadas al servicio de México.
Muchas felicidades.”
Así, de un plumazo, el Presidente refrendó su confianza en las Fuerzas Armadas, reconoció su lealtad y su contribución a las mejores causas del país e incluso su papel como sostén de las instituciones democráticas (lo que quiera que esto signifique). Por supuesto, en su discurso el Presidente no hizo la más mínima mención al tema de los derechos humanos ni al caso de Tlatlaya. Que a nadie le sorprenda este discurso. En materia de seguridad, de violencia y de respeto a los derechos humanos, el Presidente desde hace tiempo parece vivir en un mundo paralelo en el que no pasa nada, donde todo está bajo control, donde el ejército es una fuerza leal y entregada las mejores causas del país. Es una lástima que no todos vivamos allí.
Economista.
@esquivelgerardo gesquive@colmex.mx
