México vive tiempos interesantes en el terreno político. El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, pareciera no dar pausa a la oposición ni a la ciudadanía. Cada mañana sorprende a sus detractores y seguidores con una noticia. El pasado 28 de abril envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Reforma electoral en la que propone sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE), por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

La Reforma electoral, denominada también “Reforma democrática”, contiene varias modificaciones entre las que destacan: la reducción de 500 diputados a 300 y de 128 senadores a 96; la elección de consejeros y magistrados electorales por voto popular; la eliminación de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s) y los Tribunales Estatales Electorales; la federalización de las elecciones; el financiamiento público a partidos políticos nacionales y locales únicamente en periodo de campañas electorales; y, la disminución del 40 al 33 por ciento de los votos requeridos de la lista nominal de electores para que los resultados de las consultas ciudadanas sean vinculantes.

Una vez presentada la propuesta de iniciativa de ley, elaborada por Horacio Duarte y Pablo Gómez, la respuesta de la coalición “Va por México”, no se hizo esperar. Los partidos que la integran declararon que defenderán la actual conformación del INE y del Congreso de la Unión (500 diputados y 128 senadores).

La confrontación que mantiene la oposición con el proyecto de la 4T y la configuración de la Cámara de Diputados, en la que Morena y sus aliados están lejos de alcanzar la mayoría calificada, hace predecible que la reforma democrática no obtendrá los votos requeridos para su aprobación y consecuente modificación constitucional.

Sin embargo, la importancia de presentar la Reforma electoral en este momento coloca en el centro del debate público el papel desempeñado por las autoridades del INE. Tema sensible para un amplio sector de la población. Pero no solo eso, al igual que sucedió con la Reforma eléctrica, durante las próximas semanas se discutirá públicamente el contenido de la iniciativa de ley para que la ciudadanía conozca el sentido de la modificación propuesta y genere su propio punto de vista.

Frente a este escenario, la oposición deberá exponer las razones que justifiquen ante la opinión pública su rechazo a la Reforma electoral. Si mantiene una narrativa negacionista, sin ofrecer argumentos contundentes para acreditar su postura, una vez más, será observada por la población como la que contraviene los mandatos de la ciudadanía.

Todo parece indicar que, se apruebe o no la Reforma electoral, Andrés Manuel López Obrador se adelantó a un debate que ganará, aunque pierda. Será posible exhibir los excesos del INE y de los partidos políticos. Y, discutir abiertamente el contenido de la iniciativa de ley involucrando a la ciudadanía, de manera que los opositores estarán obligados a justificar su rechazo a una Reforma democrática que propone una reducción significativa al gasto del sistema electoral, el mejoramiento de la representatividad y la garantía de contar con un árbitro imparcial.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale

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