08/01/2015
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No sé desde cuándo la gente común aprendió que en México la justicia no es sino una palabra bonita que sirve para adornar discursos; porque, en la realidad, la llamada “justicia” ha estado siempre al servicio de los poderosos. En “La muerte de Artemio Cruz”, Carlos Fuentes pone en voz de un cura el discurso justificatorio de la expoliación:

“—La Providencia ha ordenado las cosas como son y así deben aceptarlas todos; todos deben salir a labrar las tierras, a recoger las cosechas, a entregar los frutos de las tierras a su legítimo dueño, un dueño cristiano que paga las obligaciones de su privilegio entregando, puntualmente, los diezmos a la santa madre Iglesia. Dios castiga la rebeldía y Luzbel siempre es vencido por los arcángeles.

—¿Y la justicia, padre?

—La justicia final se imparte allá arriba, hijo. No la busques en este valle de lágrimas.”

En los primeros años del siglo pasado el reclamo justiciero se hizo revolución. No obstante, a cien años de distancia, México sigue siendo un país brutalmente injusto. No sólo por los abismos que separan grupos sociales y regiones, sino porque el acceso al derecho está reservado a quienes ejercen algún tipo de poder (político, social, económico).

Detrás de la descomposición que sufrimos —el desbordamiento de la delincuencia y su brutalidad— está la certidumbre de los criminales de que nunca pagarán por sus delitos. Y esta impunidad se sustenta en tres realidades: 1) la impreparación, el descuido y la corrupción de quienes forman las corporaciones policiales; 2) la descomposición y la ineptitud de los agentes del ministerio público, y 3) los vicios que corroen el sistema judicial (secretarios de estudio y cuenta, jueces y magistrados, sobre todo). La gente sabe del envilecimiento que prevalece en los sistemas de procuración y administración de justicia; por eso no denuncia.

Esto no implica, por supuesto, que no existan jueces y magistrados honestos; los hay; pero son muchos, quizá demasiados, los que venden sus resoluciones al mejor postor, como los que en fechas recientes y con total descaro han amparado y exonerado a narcotraficantes, secuestradores, asesinos y a los depredadores que se han enriquecido desde cargos públicos.

A pesar de esto, no puede negarse que en lo últimos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido ganando independencia y autoridad. El tránsito de un poder disminuido, sometido al presidente de la República, ha sido azaroso, pero es claro que ha emitido resoluciones valientes que irritan al gobierno.

Es este el contexto en el que asume la presidencia de la Suprema Corte el ministro Luis María Aguilar, un hombre que conoce los recovecos del Poder Judicial porque ha ascendido desde la condición de taquimecanógrafo hasta la de ministro; lo que no lo desmerece sino lo honra.

Enfrentará Aguilar una ardua tarea porque, como cabeza del Poder Judicial, deberá enfrentar a centros de poder real, dentro y fuera del sistema judicial; le toca conducir una pesada estructura burocrática donde están enquistados funcionarios de distinto nivel que, a veces, se arrogan un poder que no les corresponde.

Otro desafío tiene que ver con la percepción pública. El Poder Judicial de la Federación dispone de ingresos y privilegios muy poco republicanos; es imperativo imponer la austeridad en estos momentos de penuria. Los ingresos y prestaciones de ministros, consejeros de la Judicatura y otros funcionarios, así como la suntuosidad que caracteriza a las sedes del Poder Judicial, son inaceptables.

Sin embargo, lo más importante será cumplir con la enorme responsabilidad de contribuir a establecer un auténtico Estado de derecho en un país lastimado por la corrupción y los abusos de los poderosos.

Por eso, es de lamentar que las primeras palabras del presidente de la Corte estuvieran ayunas de un mínimo diagnóstico sobre el estado ruinoso de la justicia; un discurso que reconociera la indignación de los sectores más conscientes de la sociedad ante sentencias grotescas, que ofenden la conciencia de la nación, y que asumiera el compromiso de convertir al Derecho en instrumento de justicia. Cabe esperar, en último término, que lo que no dijo con palabras lo exprese con hechos.

 

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.

@alfonsozarate

 

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