En las últimas semanas se han presentado dos acontecimientos aparentemente aislados el uno del otro, pero con elementos en común, a saber: 1) opiniones discriminatorias en contra de un grupo poblacional, específicamente el de la comunidad de la diversidad sexual y 2) que las personas que emitieron dichas opiniones, son servidores públicos; me explico.

Con motivo de una serie de quejas acumuladas ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), se analizó por parte de este organismo, el actuar de una diputada perteneciente al grupo legislativo del PAN, dando como resultado la recomendación (233) 5/2019 publicada el 20 de agosto, en la cual se comprueba la violación al principio de no discriminación.

En dicho documento se exhorta a la servidora pública en cuestión, a tomar en consideración la normatividad aplicable en materia de derechos humanos y no discriminación al momento de manifestar sus ideas, toda vez que dicho acto representa la exteriorización del pensamiento.

No acabábamos de celebrar el actuar de la DDHQ, cuando el 29 de agosto en nota de un medio de circulación nacional, nos enteramos de una declaración en sentido distinto pero con el mismo resultado, referente a que la homosexualidad es un factor de riesgo para contraer VIH, y que por lo tanto, no se aceptaban donaciones de dicho sector “para proteger un poquito más la sangre y al receptor” palabras del Secretario Estatal de Salud en Querétaro.

En los casos citados podemos percatarnos de distinciones claras en razón de la orientación sexual, pese a todo el cambio cultural tanto en las prácticas observables en la vida cotidiana, como en la formulación de leyes y aplicación de principios protectores de la igualdad y la no discriminación. Pese a ello, se mantienen vigentes los estereotipos y estigmas en la sociedad queretana.

El estigma —apuntaba el sociólogo canadiense Erving Goffman— es una palabra que proviene del griego stigma el cual se empleaba para referir a signos corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el estatus moral de quien los presentaba; lo preocupante aquí, es que los estigmatizadores son personas que tienen un cargo público, para el cual protestaron guardar y hacer guardar la constitución y las leyes emanadas de la misma —entre las que se incluye— la Ley para Prevenir y Eliminar toda Forma de Discriminación en el Estado de Querétaro.

En el caso del Secretario escuchamos una disculpa pública que sonaba más a intento de justificación, en el caso de la diputada, pese a haberse cumplido los 15 días naturales para la aceptación de la recomendación, es la hora que no hemos visto una disculpa. Ojalá y lo haga.

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