En enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incorporó a su ‘lista negra’ a un total de 700 empresas relacionadas con la presunta simulación de operaciones inexistentes y el uso de facturas falsas.
La publicación de la lista con razones sociales es parte de la estrategia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Raquel Buenrostro, y de la Procuraduría Fiscal de la Federación, a cargo de Carlos Romero, para infundir temor entre los contribuyentes ‘mal portados’, aunque algunos de los evidenciados siguen funcionando.
Ejemplo de ello es la operación en el mercado de un grupo de empresas de limpieza que entre 2013 y 2018 recibieron contratos públicos cercanos a 200 millones de pesos, y que fueron ligadas por la Secretaría de Hacienda a una red de transferencia irregular de recursos con una de las contratistas consentidas de Emilio Lozoya: la brasileña Odebrecht.
Se trata de las firmas Adding Machine Company de México, SWT de México, Met Limpieza e IECL de México; las dos últimas aún con operaciones en el mercado mexicano y litigando, en el caso de IECL de México, su salida de la lista de empresas con operaciones irregulares del SAT.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, estas cuatro empresas se caracterizaron por presentar propuestas conjuntas para otorgar servicios de limpieza de inmuebles, principalmente con los gobiernos de Coahuila, el Estado de México y en la Comisión Federal de Electricidad, entonces dirigida por Enrique Ochoa.
Destaca, por ejemplo, el contrato número 9200006456 que las cuatro compañías firmaron con la CFE el 19 de junio de 2015 por más 10 millones de pesos para otorgar el servicio de “Aseo y limpieza en las instalaciones Oficinas Divisionales, Zonas Tampico, Mante, Victoria, Matehuala, San Luis Potosí, Río Verde, Valles, y Huejutla de la División de Distribución Golfo Centro”.
De acuerdo con la Auditoría Interna 88/2016 de la CFE, dicho contrato estuvo plagado de irregularidades, pues las empresas participantes no tenían la capacidad para cumplir con la obligación contractual que les correspondía y algunas de ellas ni siquiera consideraban el concepto de limpieza dentro de su objeto social.
También se observa en la auditoría que el proceso de supervisión de las empresas no se realizó conforme a la condición establecida en el contrato, por lo que se presume que los servicios nunca se realizaron.
Por si fuera poco, estas compañías tienen un punto de encuentro en Odebrecht. Según la Secretaría de Hacienda, las cuatro tienen relación con el empresario José Raúl Terán Medina, quien fungió en diversos trámites oficiales como su representante legal.
Terán Medina se desempeñó también como apoderado de la polémica Blunderbuss Company de México, una firma fachada que el sofisticado aparato de sobornos de la constructora Norberto Odebrecht utilizó para triangular poco más de 6 millones de dólares con instituciones financieras de México, Estados Unidos y Panamá.
Específicamente, IECL de México, representada en últimas instancias por su supuesto administrador único Juan Antonio San Martín, aparece en la lista que el pasado 27 de enero liberó el SAT para señalar a empresas sobre las que pesa una presunción de operaciones irregulares; las mismas que, según el propio organismo recaudatorio, litigan para asegurar su supervivencia y evitar incluso una sanción.
Posdata
El procurador Carlos Romero y la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, se encargaron, además, de hurgar bien en la ‘lista negra’ para encontrar relación con algunos de sus adversarios políticos, incluso los abanderados por el partido Morena y con mucho poder en el Congreso.
Parlamento abierto para outsourcing. A propósito del Congreso y las prioridades legislativas para el segundo periodo ordinario de sesiones, un tema que se debatirá es el de la regulación al denominado outsourcing.
El senador morenista, Napoleón Gómez Urrutia, intentó madrugar a todos el año pasado con una propuesta que prohíbe casi todos los esquemas de subcontratación laboral y al grado de equipararlos con
un delito.
En los próximos días se va a llevar a cabo un Parlamento Abierto en el Congreso para encontrar puntos de acuerdo y consensos. La idea es que legisladores, dependencias involucradas (Hacienda y Secretaría del Trabajo), sindicatos, empresarios y expertos en la materia lleguen a un consenso para regular la subcontratación de cara a lo que serán los nuevos retos del renegociado acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El outsourcing involucra a más de 8 millones de personas en el país, entre sindicatos, dependencias federales y empresas nacionales y multinacionales.
