Después de los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, ya aprobada por ambas cámaras, pero detenida por amparos de dos jueces, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, envío al congreso el pasado 26 de marzo, otra iniciativa para reformar algunos artículos de la Ley de Hidrocarburos.

No se pueden entender estas iniciativas si no se tienen en mente los cambios aprobados con la reforma energética de 2013, impulsada por PRI y PAN.

La reforma energética de 2013 incluyó cambios constitucionales. Dentro de los principales, fueron los cambios al artículo 27 constitucional. Panistas y priistas quitaron las restricciones que dicho artículo tenía para que se dieran contratos en el sector energético y al mismo tiempo no pusieron ningún tipo de candados para el ingreso de extranjeros en este sector estratégico y de seguridad nacional. Quitaron también la restricción de otorgar a privados concesiones o contratos sobre materiales radiactivos y de un plumazo legalizaron todos los contratos que de manera ilegal se habían otorgado hasta antes de diciembre de 2013. Una verdadera aberración.

Como hemos visto con los contratos a Odebrecht (entregados mediante sobornos) y con los contratos en el sector eléctrico (probablemente también otorgados mediante sobornos), estos contratos han dañado fuertemente a la hacienda pública. Efectivamente, no es exagerado hablar de contratos “leoninos” pues favorecen de manera extrema a los privados por encima de las empresas públicas, Pemex y CFE.

Los daños al sector público se miden en cientos de miles de millones de pesos y ese costo lo pagamos todos pues al tener el estado menos ingresos hay menos dinero para educación y sanidad públicas, menos dinero para seguridad y para infraestructura, menos inversión en desarrollo social y en ciencia y tecnología. Aunque también lo hemos pagado con un aumento terrible de la deuda pública, cuyo monto heredado por el gobierno de Peña Nieto fue de 11 billones de pesos y de los cuales hemos estado pagando 750 mil millones de pesos sólo de intereses.

Lo que se busca con estos cambios a estas leyes del sector energético es recuperar para el estado un poco del control perdido con la reforma de 2013. Algo que será benéfico para la mayoría de las y los mexicanos.