La revocación de mandato constituye un procedimiento de democracia directa en el que la ciudadanía tiene la facultad soberana de revocar o retirar de manera anticipada el mandato de una autoridad electa, por considerar que no está cumpliendo adecuadamente con sus responsabilidades en el cargo. Mediante esta figura los ciudadanos mandantes tienen la libertad política de dar por terminado el mandato conferido a una autoridad electa en las urnas.

La crisis de representación del sistema de partidos y el descontento creciente con la política motivó reformas constitucionales en México, dirigidas a incorporar mecanismos de participación ciudadana directa, como una manera complementaria de apuntalar la democracia representativa. El 5 de noviembre de 2019, la Cámara de diputados aprobó la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de consulta popular y revocación de mandato. Iniciativa promovida por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, a través del grupo parlamentario de Morena, como respuesta a una de sus promesas de campaña.

Dentro de las instituciones de la democracia directa, la revocación de mandato se encuentra entre uno de los procedimientos más controvertidos y de alta polarización. Aunque se trata de una figura que tiene como fundamento el principio de la libertad política de los ciudadanos de elegir y deponer a sus gobernantes en una democracia representativa, corre el riesgo de ser utilizada en escenarios de debilidad institucional por los partidarios que perdieron las elecciones para desplazar al ganador. O bien, darle un uso demagógico para ratificar un mandato.

El actual debate en torno a la instrumentación de este procedimiento se ubica en el marco de esta controversia. En las condiciones jurídicas, institucionales y políticas vigentes, se convirtió más en una fuente de confrontación exacerbada –no solo frente a los grupos de poder que se oponen al actual gobierno, sino también entre los posibles sucesores de Andrés Manuel López Obrador dentro de Morena–, que en una herramienta destinada a impulsar la participación ciudadana directa dirigida a ampliar las márgenes de la democracia representativa.

Para algunos detractores, la revocación de mandato a realizarse en 2022 responde más bien a la ratificación del actual presidente y validación de su gobierno, lo que le permitiría crear las condiciones para facilitar el triunfo de su sustituto en 2024 y dar continuidad al proyecto de la 4T.

Para otros, este ejercicio representa un lastre, pues en caso de llegar a la presidencia de la república, el representante electo estaría obligado a someter la continuidad de su mandato, a mitad del periodo, a la decisión ciudadana.

En esta controversia, Andrés Manuel López Obrador no solo se enfrenta a la oposición de los sectores conservadores, empresariales y mediáticos para llevar a buen término la reglamentación de la Ley de Revocación de mandato y su ejercicio en 2022, sino también a quienes se oponen dentro de Morena, incluidos los partidos “aliados”.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale

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