Jesús Reyna sometido a arraigo. Michoacán en convulsión. Según revelaciones de la PGR, el secretario general de gobierno y ex gobernador del estado se habría reunido con Servando Gómez, alias La Tuta, y otros jefes templarios.
Aplauso por la acción, si las evidencias aguantan el escrutinio judicial ¿Pero no valdría la pena hacer algunas preguntas adicionales sobre la defenestración de Reyna? A mí, en lo particular, me surgen las siguientes:
1. ¿Qué sabía el gobernador Vallejo sobre las supuestas relaciones peligrosas de su aliado? Más importante, ¿cuándo lo supo? ¿Antes de regresar de su licencia temporal? ¿Antes de designar de nueva cuenta a Reyna como secretario de gobierno? Al multiplicarse las acusaciones, ¿ordenó alguna investigación interna? ¿Solicitó datos, información o elementos de juicio al gobierno federal? ¿Le pidió a Reyna que se sometiera a control de confianza? De ser el caso, ¿cuál fue el resultado?
2. ¿En qué momento, las autoridades federales empezaron a tener sospechas sobre Reyna? ¿Fue apenas la semana pasada? ¿Fue resultado fortuito de la muerte de Enrique Kike Plancarte? ¿O había ya una investigación federal en curso? ¿Cuándo se inició?
3. Si no había sospechas antes de la semana pasada, ¿por qué las autoridades federales descartaron sin más las acusaciones de José Manuel Mireles en contra de Jesús Reyna? ¿O los señalamientos de Luisa María Calderón? ¿O la serie de artículos de Ciro Gómez Leyva sobre las reuniones con La Tuta? ¿No había allí suficientes indicios para empezar a investigar?
4. Si las dudas del gobierno federal sobre Reyna preceden a la muerte de Plancarte, ¿le fueron comunicadas al gobernador Vallejo? ¿Se le sugirió la remoción de su secretario de gobierno? A la llegada del Comisionado Alfredo Castillo, fueron removidos de sus cargos el secretario estatal de seguridad pública y el procurador del estado ¿Por qué no se hizo lo mismo en la Secretaría de Gobierno?
5. Durante su periodo como gobernador interino, ¿Reyna era objeto de una investigación? ¿Ya estaba en la mira del aparato de seguridad e inteligencia? De ser el caso, ¿qué medidas se tomaron para evitar que llegase a sus manos información sensible? ¿O sí se compartió inteligencia con el hoy arraigado? ¿Sobre despliegue de tropas? ¿Sobre operativos? ¿Se puso en riesgo a personal federal, a sabiendas de la posible deslealtad de Reyna?
6. Tras el arraigo de Jesús Reyna, ¿no debería de cambiar los términos de la relación con las autoridades michoacanas? Si el segundo funcionario más importante de ese estado se encontraba en la nómina templaria, ¿quién más lo estuvo o lo está? ¿En quién se puede confiar en el gobierno de Michoacán? ¿En el resto del gabinete? ¿En el propio gobernador Vallejo?
El caso es delicado y algunas de estas preguntas no se pueden contestar con altavoz. Pero hay maneras de someter al gobierno a escrutinio sin sacrificar la integridad de una investigación en curso. Por ejemplo, la comisión bicameral de seguridad nacional, en el Congreso de la Unión, podría citar a comparecer a todos los involucrados. O bien, podría crearse una comisión legislativa especial para dar seguimiento a la intervención federal en Michoacán.
Lo que no se puede hacer es suponer que el asunto empieza y acaba con Reyna. Aquí hay complicidad y negligencia, en el ámbito estatal y federal, entre funcionarios de esta administración y de las anteriores. Si esto ha de servir para sanar a Michoacán, es absolutamente indispensable saber que pasó y actuar en consecuencia. En este asunto, no se valen las generalidades y los silencios.
Director de Política de Seguridad
