Los 16 días de huelga y las declaraciones que se han hecho con respecto al tema demuestran claramente que a algunas de las partes no les importó el destino de las miles (29 mil estudiantes y 11 mil participantes en los cursos propedéuticos para ingresar a la UAQ) de personas que, como yo, estamos pagando con el menoscabo a nuestro derecho para recibir educación, por la pelea entre partes que no han logrado conciliar las realidades económicas, políticas, jurídicas modernas y palpables; figuras sindicales obsoletas a través de las cuales pretenden mantener un absurdo y dañino poder sobre la vida de nuestro estado.

En el comunicado de prensa enviado por la misma Universidad el pasado 4 de marzo —día en que se cerraron las puertas de la UAQ de manos de los miembros del STEUAQ— se señaló que hay pérdidas globales diarias equivalentes a 6 millones de pesos, a lo que se le suma la posible retención de recursos federales por poco más de 3 millones de pesos por cada día de huelga, sobre la que comentó el secretario de Educación, Alfredo Botello, durante la semana. Eso nos da una pérdida total de nueve millones diarios, a la que se le adhieren el detrimento en la calidad académica y, claro, el flagrante e impune atropello a nuestros derechos. Nunca había vivido algo como esto.

Puede ascender a nueve millones de pesos diarios, desperdiciados por personas que alegan querer salvaguardar los derechos patrimoniales de sus agremiados, como queda indicado en sus pretensiones de aumento salarial y exigencia de pago a salarios caídos. Muchas propuestas de la Universidad han mostrado toda la disposición para aumentar el salario y pagar aquellos sueldos que estén caídos, pero seguimos sin clases.

Quizá se deba a que consideran más importantes los puntos de controversia que giran alrededor de medidas para retener el control de su sindicato, como lo hacían los líderes sindicales en la década de los ochenta, o anteriores.

Tiempos en los que, con la bandera de buscar el equilibrio entre los factores de la producción, se cometieron interminables abusos a las instituciones públicas y a los agremiados, por no tener que someter a escrutinio alguno el manejo de los recursos que se le otorgan, por no tener la obligación de consultar a sus asambleas sobre las decisiones que afectan sus propios destinos, por poder contravenir cuanta ley y estatuto quisieran por el simple hecho de haber representado votos para el candidato ganador en la contienda pasada. Ya salimos de ese bache y no vamos a volver, por duro que nos jalen las fuerzas que se oponen a la evolución.

En lo que a las autoridades estatales corresponde, quiero pensar que no están haciendo lo que parece y que todo es un gran malentendido que se va a solucionar prontamente con el diálogo. Estoy preocupado por las relaciones de la Universidad con el gobierno del estado, toda vez que sé y me consta que en ambos hay personas sumamente capaces en las que confío y de las que me sorprende que emanen conflictos tan obvios y personales como pinta ser éste.

Cabe señalar que mi preocupación no debe confundirse con el miedo, en la Universidad se han movilizado numerosas veces, las más importantes de ellas contra gobiernos locales que quieren exceder sus facultades.

Más aún, ahora que comprendo que la pelea que se libra todos los días en la Universidad es por la soberanía del conocimiento que libera al país y al estado del yugo del atraso tecnológico y cultural que nos hace dependiente de otras naciones.

Si la situación demanda que, como universitario que soy, abogue por la autonomía de nuestra Alma Máter, ahí voy a estar. Va ser un gusto y un honor verlos en Plaza de Armas el lunes.

Estudiante de la Facultad de Contaduría de la UAQ.@lui_uni

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