Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York generaron reacciones extremas por parte del gobierno de Estados Unidos apelando a su legítimo derecho de defensa contra el terrorismo. Seguramente recordará que desde entonces las revisiones para entrar a territorio estadounidense se volvieron insólitas, no se diga en los aeropuertos. La sicosis mundial era caldo de cultivo para lo que a continuación le voy a platicar.

Como una de tantas medidas tomadas, el 26 de octubre de ese mismo año, entra en vigor la célebre Ley Patriot misma que concede amplias facultades a la policía para actuar contra presuntos terroristas o incluso ¡contra sus amigos! Estas facultades van desde vigilar a cualquier sujeto en cualquier espacio público, o incluso solicitar información de sus documentos privados sin que medie autorización judicial. Además permite por mandato judicial secreto, inspeccionar sus compras, sus consultas bibliográficas, historiales médicos, etc., incluso sin tener pruebas de que dichos sujetos sean terroristas.

Con la bandera de la seguridad nacional, sin darnos cuenta, surge la autorización de un estado de emergencia pero permanente o por lo menos de muy largo plazo, tal y como —sin trapujos— lo ha declarado el Pentágono.

El problema no es menor: bajo la apariencia de protección, defensa, ayuda, etc., las autoridades emitieron políticas regresivas y medidas de seguridad represivas que al día de hoy mantiene a las personas a raya por el solo hecho de ser señalados sospechosos, o incluso ser conocido de tales sospechosos, violando persistentemente derechos humanos de ciudadanos y extranjeros.

¿Y la vocación liberal de los habitantes de los Estados Unidos de Norteamérica? Nunca apareció. Ante el azoro y terror de la población por los ataques terroristas, el recibimiento de la Ley Patriot tuvo una aplastante aceptación y fue aprobada por una abrumadora mayoría. Incluso en 2005 prácticamente fue ratificada con leves cambios en el Congreso. Al abrigo del pánico colectivo y a un renaciente espíritu patriótico muy al estilo Hollywood, las voces disidentes y defensoras de derechos humanos no fueron siquiera escuchadas. Para el estadounidense promedio era claramente preferible la seguridad de muchos, que la violación de derechos humanos de unos cuantos infelices… “seguridad” contra derechos humanos… ¿acaso hay que decidir solo por alguno? ¿De verdad, en pleno siglo XXI no podemos contar con ambos?, tal pareciera que no, al menos para Estados Unidos… algo siniestro ¿no le parece?

Traigo esto a colación precisamente por el oportuno aplazamiento de discusión de la iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional. Y digo oportuno porque de no haber sido por la presión de la sociedad civil organizada, la mentada iniciativa estaba para discutirse y aprobarse en esta semana. La crítica se centra sobre todo en la ambigüedad de los términos empleados; pero no es menor el asunto de la semántica, pues en esta iniciativa se busca que “…en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto” se desarrollen acciones gubernamentales que eventualmente vulnerarían derechos fundamentales.

De ahí que especialistas académicos y defensores de derechos humanos han criticado duramente el proyecto; pues la iniciativa utiliza términos que por su imprecisión pudieran generar discrecionalidad y abusos de poder. Indudablemente debe existir la ley reglamentaria, pero ésta debe ser reflejo de lo que también la sociedad civil opina. Según los expertos, deben clarificarse y acotarse voces tales como “perturbación grave de la paz pública”, y que su significado sea más bien restrictivo de tal forma que solo las hipótesis señaladas con toda puntualidad en dicha ley, sean aquellas que posibiliten la restricción de derechos en caso de ser absolutamente necesario. El saldo al día de hoy es haber logrado dilatar la fecha de discusión en el Senado, hasta en tanto se haya escuchado a la sociedad civil.

Director General ArtMol Consultores y Servicios

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