Gestión injerencista de la Secretaria de Gobernación. El Presidente de la República, ordenó la investigación al personal del Poder Judicial de la Federación, por liberar a personas ligadas al crimen organizado, al considerar que existe corrupción en la impartición de justicia. Olga Sánchez Cordero, envió oficio al Presidente de la SCJN, pidiendo la unificación de criterios en materia procesal penal, así como difundirlos en la Administración Pública Federal. En la misma fecha Arturo Zaldivar, acusó recibo y respondió que: “En el ámbito de su independencia y autonomía, el Poder Judicial de la Federación, realiza una gran labor de divulgación, capacitación y difusión de la cultura jurídica…”. Respuesta respetuosa y contundente, puso en su lugar a quien fuera Ministra de la Corte. La constitucionalista violentando la independencia del Poder Judicial Federal, pretende imponer criterios de funcionamiento, mismos que ya existen; caballerosamente el Presidente de la SCJN, rechaza la política injerencista que pretende imponer el Poder Ejecutivo.

Al titular del Ejecutivo, no le está permitido constitucional ni legalmente intervenir en los ámbitos de procuración e impartición de justicia, no son áreas de su competencia. La incapacidad procesal de los elementos de la Fiscalía General, coadyuvan en la liberación de muchos delincuentes por fallas procesales en las carpetas de investigación, pretender inculpar a los elementos del Poder Judicial, es una salida fácil e incorrecta. Así acusa el Presidente de corruptelas a los jueces, sin prueba alguna. Andrés Manuel López Obrador, usa y abusa de la mediatización política, en asuntos sumamente delicados que tienen su origen en la falta de seguridad pública, asunto que sí es de su competencia, intencionalmente la soslaya.

El colmo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, meollo del problema procesal y delincuencial, recién publicó su programa sectorial saturado de ambigüedades. Acorde a su Epílogo, el tema lo llevan al año 2040, mientras su expectativa de reducir al 50% la incidencia delictiva al término del sexenio. La política injerencista no resuelve el conflicto delincuencial de fondo, cuya problemática radica en el aumento de la criminalidad, competencia del Poder Ejecutivo.