San Luis Potosí, el otro pacto

Roberto Rock L.

El tejido de alianzas de Morena, bajo la dirigencia de Mario Delgado, incluye, según múltiples evidencias, que el Partido Verde corra con ventaja para buscar la segunda gubernatura en su historia. Ya lo logró en Chiapas (2012-2018), gracias a una componenda con el PRI, y recorre el mismo camino, ahora en San Luis Potosí, con el aval de la 4T.

El Verde nunca ha presumido de escrúpulos en su búsqueda de poder. Pero lo que protagoniza en tierras potosinas exhibe niveles de podredumbre política poco conocidos. Allá están ya instalados veteranos operadores del ex “niño verde”, Emilio González, como Arturo Escobar, así como oscuros personajes cercanos a Miguel Ángel Mancera a su paso por la capital del país. Incluso, se deja sentir el largo brazo del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y su alter ego, Jorge Márquez.

Dos aspectos marcan la singularidad de esta nueva apuesta del Verde: el incesante flujo de dinero para comprar voluntades. Y el hecho de que al centro esté colocado su candidato a la gubernatura, Ricardo Gallardo Cardona, quien, junto con su padre, Ricardo Gallardo Juárez, encara imputaciones por presuntos negocios ilegales. Gallardo hijo estuvo en prisión varios meses en 2015 bajo cargos de delincuencia organizada, pero fue liberado por un juez.

Sin embargo, hay algo en toda esta estrategia que puede descarrilarla. La Fiscalía General de la República, que conduce Alejandro Gertz, recibió una denuncia penal interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, que involucra a los dos señores Gallardo, padre e hijo, según detalles compartidos con este espacio.

Con el tiempo en contra —y una ambigua voluntad política en el gobierno—, la FGR deberá indagar operaciones con recursos de posible origen ilegal, entre empresas aparentemente “fachada” en las que tanto Gallardo Cardona como Gallardo Juárez son accionistas.

Destacan inmobiliarias, como “Quality Inmobiliaria Potosí LLC”, “Grupo Axioma Kusuri”, “Tangamanga Andrade”, “Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios” … y la lista continúa. Llama la atención “Investigaciones Médicas del Potosí”, que tuvo contratos con el gobierno federal entre 2012 y 2019, ya con la administración López Obrador. Quizá se explique por la presencia, como socios, de importantes empresarios locales, incluso dueños de medios de comunicación.

El expediente en la FGR destaca el flujo de recursos hacia los Gallardo desde el municipio de Soledad, que ambos gobernaron. Adicionalmente, se acumulan suspicacias sobre el coordinador de la campaña de Gallardo Cárdenas, César García Coronado, delegado estatal sucesivamente de Gobernación y de la SCT bajo el impulso del citado Osorio Chong.

Otra faceta de esta trama es el inminente registro de candidatos del oficialismo a diputados federales, donde se ha dado mano al Verde. Habrá tiempo de retomar el tema. 

APUNTES:

Manuel Espino, alto funcionario de la Secretaría de Seguridad federal, fue purgado de las reuniones del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, lo que parece anticipar su salida de la dependencia —que encabeza Rosa Icela Rodríguez— y una nueva señal de desconfianza sobre el legado de Alfonso Durazo. Espino ha sido un político dúctil. Fue presidente del PAN (2005-2007), donde en 2006 apoyó la candidatura presidencial del panista Felipe Calderón; en 2012 se le señaló de operar en favor del priísta Enrique Peña Nieto, y en 2018 se sumó a Andrés Manuel López Obrador. De ese acuerdo salió con su cargo, a nivel de subsecretario, y aun pudo empujar la candidatura por Morena en Naucalpan para su aliada Patricia Durán Reveles, quien ahora busca reelegirse. Espino ha estado en espera de 2022, para postularse a gobernador de Durango, lo que ahora se antoja harto improbable. 

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