La concepción del salario mínimo en México fue en el año de 1934, a propuesta del entonces Presidente de la República Abelardo L. Rodríguez; basando su decisión en la necesidad apremiante de elevar el estándar de vida de la clase trabajadora del país, al tiempo de reconocer su derecho indiscutible de percibir un salario que le permitiera satisfacer sus necesidades.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos definió por su parte en el artículo 123, el concepto del trabajo digno como un derecho, mientras que la Ley Federal del Trabajo (LFT) lo desarrolló como “… aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.
El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.”
Realizando un ejercicio de comparación, el salario mínimo actual se encuentra por debajo del salario equivalente de 1938 que fue de 139 pesos de hoy, y nos encontramos muy lejos aún del salario mínimo que tuvimos los mexicanos a principios de los años 70, que equivale aproximadamente a 260 pesos actuales.
En aquella época las tesis de qué un crecimiento sostenido del salario, por encima de una inflación relativamente controlada, de manera acumulada traerían un significativo incremento real en el bolsillo de la mayoría de la población trabajadora, fueron sin embargo rebasadas por las crisis inflacionarias a partir del sexenio de Luis Echeverría que se convirtieron en la principal razón de la dramática caída del poder adquisitivo del salario en México.
Situación que se agudizó con el absoluto desdén de otras visiones teóricas que se aplicaron para la conducción de la economía mexicana durante los últimos 30 años (especialmente neoclásicas o neoliberales) las cuales nunca priorizaron el restablecimiento del poder adquisitivo, precisamente, porque ante planteamientos como la apertura económica de México que ellas mismas promovían, nuestro país solo podía ofrecer para competir, los salarios bajos existentes y su abundancia de mano de obra.
Es decir, comprometimos nuestra competitividad y productividad, anclándonos en la ventaja comparativa que ofrecía nuestra mano de obra barata, lo que pauperizó al esforzado trabajador mexicano y a sus familias.
Efectivamente, nuestro país se volvió con los años un atractivo lugar para el capital, para la inversión extranjera directa, a costa de ofrecer salarios indignos que se coludían con la aceptación y/o sometimiento del poder público en todos sus niveles, de condiciones leoninas de parte de las empresas asentadas o que ofrecían asentarse en determinados territorios a cambio de prebendas excesivas que con el tiempo, resultaron ser la regla para la atracción de inversión (terrenos públicos donados, exenciones fiscales multianuales, ausencia de vigilancia y de regulación en materia ambiental, exportación de beneficios, etc.). El capital obtuvo ventajas inmorales, quizás no ilegales, que en sus países de origen jamás les hubieran permitido.
Eso explica por que las últimas décadas el salario mínimo en México solo creció marginalmente, y justifica la incomodidad de nuestros principales socios comerciales, que ahora nos exigen mejorar los ingresos de nuestros trabajadores para ratificar nuestros acuerdos, como el T-MEC.
Sin duda compartimos entonces la visión de recuperación salarial del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha determinado incrementar nuevamente un 20% para el año 2020 el salario mínimo, ubicándolo en niveles de 123 pesos diarios; en principio porque la medida ha sido consensuada entre el gobierno federal, los empresarios y la clase trabajadora, pero más importante aún, porque nos impone la necesidad de plantearnos otros métodos de crecimiento menos perniciosos rumbo al desarrollo con inclusión, sin excepción, que anhelamos los mexicanos.
Comenzando a saldar con ello la histórica deuda que el gobierno tiene con los trabajadores, especialmente con aquellos a los que les pagan el mínimo, que son la mayoría. ¡Enhorabuena!
Senador por Morena
